Apenas se publicó en La Gaceta el decreto del presidente Rodrigo Chaves, este jueves, para ajustar el salario base de los ministros y viceministerios, la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó la acción ante la Procuraduría General de la República.
El decreto con el ajuste salarial fue publicado este jueves y rige a partir del mes de junio. Con la norma publicada, el sueldo base de los ministros pasa de ¢1,35 millones a ¢2,68 millones mensuales y el de los viceministros, de ¢1,3 millones a ¢2,57 millones.
Con una gestión enviada a la procuradora adjunta, Magda Inés Rojas Chaves, la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios plantea que las disposiciones de responsabilidad fiscal (regla fiscal) de la Ley de fortalecimiento de finanzas públicas (9635) inhiben o vedan que el Ejecutivo haga revaloraciones salariales.
La regla fiscal dice literamente que, en el peor escenario de la situación fiscal como el que vive actualmente el país, con un nivel de endeudamiento igual o superior al 60% del producto interno bruto (PIB), “no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales”.
En su argumentación enviada a la PGR, Ramírez dijo que, “por lo tanto, el decreto ejecutivo 43585-H-PLAN-MTSS podría resultar contrario a ley y fuera del bloque de legalidad”.
La presidenta de Hacendarios aseguró que “preocupa enormemente que haya una afectación a la prestación de servicios públicos si se realizan ajustes entre partidas de manera antojadiza a lo interno de cada ministerio para asumir el costo del aumento al salario base de los jerarcas”.
La liberacionista manifestó que resulta necesario que se determine si la actuación del Poder Ejecutivo se ajusta o no a lo que dictan las leyes de la República.
“Solicito a la Procuraduría que rinda criterio jurídico sobre la legalidad de la actuación del presidente de la República, vía decreto, al otorgar un ajuste al salario base de ministros y viceministros, así como también respecto a la competencia de la Autoridad Presupuestaria de aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del régimen de Servicio Civil, mientras persistan las condiciones de endeudamiento que la ley ha fijado como parámetro para congelar los aumentos salariales”, solicitó la congresista Ramírez.
Según detalla el decreto, el aumento será financiado por los presupuestos de cada ministerio. A los salarios base se les debe sumar los pluses salariales que tenga cada jerarca, como anualidades y dedicación exclusiva.
Cada ministerio debe efectuar los ajustes presupuestarios necesarios para pagar el incremento a los jerarcas, así lo indica el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta.
Las remuneraciones base de los ministros han estado congeladas en ¢1.357.000 desde la administración de Laura Chinchilla (2010-2014). En tanto, la remuneración base de los viceministros se había mantenido en ¢1.302.650.