Los diputados aprobaron, este jueves en segundo debate, una reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, la cual elimina el fideicomiso donde el Banco de Costa Rica (BCR) administra los dineros de ese sistema y los traslada al nuevo Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade).
El proyecto de ley tuvo el voto favorable de los 46 diputados presentes en el plenario, luego de una intensa discusión entre las fracciones para definir cuáles proyectos habrían de votarse este jueves.
La idea es, según los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos, ahorrarse al menos ¢1.300 millones anuales que se gastan en el pago de comisiones a los bancos fiduciarios, en particular al BCR.
Así lo explicaron el presidente de ese foro legislativo, el socialcristiano Pablo Abarca, y la liberacionista Karine Niño.
Abarca comentó que esa reforma es fundamental, porque permite una mejor administración del dinero y destinar los montos ahorrados a más créditos para pequeñas y medianas empresas.
La administración del Fonade estará exclusivamente en manos de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), órgano ejecutor de las decisiones que toma el Consejo Rector del Sistema.
Según Abarca, la Secretaría tiene más capacidad de administrar el fondo, aunque tendrá que aumentar la cantidad de personal técnico para hacerlo.
La iniciativa de ley surgió a raíz de un diagnóstico del Sistema de Banca para el Desarrollo y el rediseño de la Unidad Técnica del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).
Karine Niño destacó que, a pesar de que ese órgano deberá aumentar su integración, no se podrá utilizar como una “piñata política”, por la formación técnica requerida en sus funcionarios.
El fideicomiso, que se renueva en marzo, aumentaría en ¢350 millones el costo de administración que se ha venido pagando todos los años, alegó el socialcristiano Pablo Abarca. Añadió que durante el periodo de existencia del SBD se han pagado hasta ¢21.000 millones en la administración del fideicomiso.
“Esto no es todo lo que se tiene que hacer, hay una voluntad de trabajar por una mejora sustancial del sistema”, apuntó Abarca.
Niño añadió que la reforma también obliga al Consejo Rector de Banca para el Desarrollo a destinar un 25% de los fondos provenientes de la banca de maletín a financiar el capital semilla y el capital de riesgo, que se utiliza para el incentivo y la creación de nuevas empresas.
La propuesta aprobada también introduce al Instituto Nacional de Aprendizaje como una de las entidades que constituyen el SBD, de modo que empiece a fungir como un colaborador del sistema para desarrollar y ejecutar modelos integrales para la incubación de nuevas empresas.
Por otra parte, los consorcios de pequeñas y medianas empresas (pymes) entran a formar parte del sector prioritario que se puede beneficiar de los créditos de la Banca para el Desarrollo.