Después de que la Constitución Política ordenó elevar de un 6% a un 8% del producto interno bruto (PIB) el presupuesto para la educación, los flujos de dinero para construir o mejorar centros educativos casi se han triplicado, aunque de forma intermitente.
La reforma constitucional empezó a regir en el 2011, pero el gobierno de Óscar Arias se propuso empezar a aumentar el presupuesto paulatinamente desde el 2009 cuando otorgó un 6,4% del PIB. Actualmente, se dispone del 7,6%. Esto incluye al Ministerio de Educación Pública (MEP) y el aporte a las universidades estatales.
En el caso del MEP, el presupuesto creció en un 9,6% anual en promedio durante la última década. Entre el 2008 y el 2017, los recursos para esa cartera aumentaron en un 124%.
La partida para remuneraciones, la más grande de todas y que acapara ¢7 de cada ¢10, creció en un 105%.
En tanto, las transferencias a otras instituciones educativas aumentaron en un 13% anual y en un 184% en la década. Aquí se incluyen, por ejemplo, los aportes a los colegios universitarios, fundaciones, juntas educativas, el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y la Universidad Técnica Nacional, entre otras.
En el caso de los gastos de capital, el dinero destinado a mejorar y equipar instalaciones, o construir nuevas sedes educativas y deportivas, el crecimiento anual fue de un 37% y de un 283% en la década.
Lo que ha ocurrido es que, mientras un año se otorga un fuerte aumento para obras, en el siguiente se redujo.
En el 2015, por ejemplo, se presupuestó ¢94.000 millones para mejorar instalaciones. Al año siguiente, la cifra cayó a ¢58.000 millones y, este año, subió a ¢159.000 millones.