Una demanda por supuesto incumplimiento de labores pesa contra los 57 diputados desde el 2 de diciembre.
El abogado Boris Molina presentó esa acción penal. Él es uno de los dos defensores de las parejas que acusaron al Estado por impedir la aplicación de la fertilización in vitro en el país.
Las consecuencias por esa demanda tocan ya las puertas de los diputados. Ayer, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, alertó de que, según información obtenida por ella, la Sala Tercera de la Corte Suprema ya conoce de dicha demanda.
Aunque el presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza, dijo que aún no se ha notificado formalmente de investigación alguna, confirmó que entre diputados ya se comenta sobre la acción interpuesta.
“Ya se le está dando trámite al proyecto de ley sobre fertilización in vitro, por lo menos desde la presidencia del Congreso”, indicó Mendoza anoche.
La Nación intentó confirmar con el fiscal general, Jorge Chavarría, si hay un proceso de investigación contra los 57 diputados por el supuesto incumplimiento; sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas.
Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público, dijo que desconocen que haya una demanda contra los legisladores por incumplimiento de labores.
También se intentó conocer el criterio de los magistrados de la Sala Tercera. No obstante, tampoco se tuvo respuesta.
Molina presentó la demanda bajo el argumento de que la Corte ordenó a los legisladores aprobar una ley para reactivar la fertilización in vitro, lo cual ha incumplido el país a un año de la sentencia.
Aunque la Corte Interamericana no puso plazo a Costa Rica para reactivar la FIV, sí ordenó que cada seis meses le informe qué hace para aplicarla.