La Defensoría de los Habitantes reunirá mañana jueves a representantes de la comunidad indígena de Conte - Burica con representantes de siete dependencias públicas para verificar el avance en el cumplimiento de un fallo de la Sala Constitucional, en el que se dispuso que las entidades gubernamentales debían presentar un cronograma para llevar los servicios básicos a esta zona.
En Punta Burica -ubicada en el distrito de Pavón, Golfito, en el extremo sur de nuestra costa Pacífica- viven unos 2.000 costarricenses, de los cuales unos 1.500 son indígenas, y constituye una de las zonas más inaccesibles del país y de las más olvidadas.
La Defensoría convocó a personeros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como de los Ministerios de Seguridad Pública, Obras Públicas y Transportes (MOPT), Salud, y Educación; así como del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Instituto Costarricense de Electricidad.
Unas 25 personas se reunirán a partir de la 1:30 p. m. de este jueves en la sede de la Defensoría, en barrio México, para ver si los servicios llegarán o no en el mediano plazo a los vecinos de esa zona, limítrofe con Panamá.
La resolución de la Sala IV obliga a dichas instituciones del Gobierno a elaborar un diagnóstico y a ejecutar un cronograma para la atención de la problemática que enfrentan estos habitantes relacionados con los servicios de agua, electricidad, educación, seguridad pública, telecomunicaciones, seguridad social, salud e infraestructura vial.
Una de las situaciones que más preocupa a la Defensoría tiene que ver con la ruta de Conte - Progreso - Alto Conte, debido a que en febrero el MOPT informó que había iniciado la rehabilitación y relastrado de dicha calle, así como que las obras en cuestión se efectuarían mediante licitación, con un costo aproximado de ¢210 millones.
Un equipo de funcionarios de la Defensoría visitó la zona hace 15 días y constató que el camino ya fue preparado con tractor en su totalidad, dejándolo en tierra hasta el poblado de Alto Conte, y que se iniciaron los trabajos de lastrado; sin embargo, con la entrada de la estación lluviosa el agua empezó a formar zanjas y a llevarse el material.
El camino es vital para facilitar el acceso de otras instituciones por lo que, según la Defensoría, resulta urgente la supervisión estricta de las obras por parte de las autoridades del MOPT para evitar gastos no previstos y que no se pierdan los fondos ya invertidos en la restauración del camino, así como del material adquirido.
La situación se pondrá en conocimiento de las nuevas autoridades y, a la vez, se verá el avance de cada institución.