La Defensoría de los Habitantes propuso crear un sistema diferenciado de cotización al régimen de pensiones del IVM, de manera que los trabajadores con mayores ingresos aporten mayores porcentajes, y viceversa. La idea es introducir un sistema con escalas.
Actualmente, el porcentaje es igual para todos: 1,5 millones de trabajadores aportan el 3,34% de sus ingresos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Es porcentaje será de un 3,84% en enero del próximo año, cuando entre a regir la segunda alza de un 0,5% que aprobó la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El sistema diferenciado fue una de las sugerencias que hizo, este jueves, el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, a la mesa de diálogo que discute cuáles medidas se deben tomar para resolver la crisis financiera que enfrenta el mayor régimen de pensiones del país.
"Se recomienda valorar la posibilidad de establecer un esquema de cotización diferenciada, similar al aplicado en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, pues la cotización actual no es progresiva y, por tanto, las personas de mayores ingresos no contribuyen con mayor esfuerzo con el fondo solidario que los trabajadores de menos ingresos", reza la propuesta de la Defensoría.
En total, Cordero hizo 16 recomendaciones y observaciones sobre el IVM.
También, plantea que se analice la posibilidad de contar con otras fuentes de financiamiento para que ese régimen no dependa solo de los aportes salariales, estatales y patronales, sino también de ingresos de capital y de consumo.
Asimismo, sugiere que se revise la estructura administrativa y de gestión de la dirección de Pensiones de la CCSS, al tiempo que manifestó la oposición de la Defensoría a la idea de que se trasladen recursos del Seguro de Enfermedad y Maternidad al IVM.
"La Defensoría de los Habitantes fue clara y manifiesta en que se opone a utilizar los fondos del régimen de Enfermedad y Maternidad para financiar el régimen del IVM. En este momento, un estudio de la CCSS del 2011 indica que se requieren $1.500 millones para tener una infraestructura hospitalaria que responda a las necesidades de la población, consecuentemente por las quejas que recibe la Contraloría, no consideramos que esta sea una opción", declaró Cordero.
Ante representantes de la CCSS, del sector empresarial y de los trabajadores, Cordero también insistió en la necesidad de que se cumpla con el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, el cual establece que las empresas del Estados, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), deben trasladar al IVM el 15% de sus utilidades.
"Aquí ha habido una resistencia (para cumplir con ese obligación) y para la Defensoría resulta inaceptable", añadió el defensor adjunto, quien considera que se deben pensar en medidas para corto y mediano plazo.
Sobre ese artículo, los diputados aprobaron a principios de año en comisión un proyecto de ley que duplicaría el aporte de las empresas estatales a las pensiones de los trabajadores no asalariados, los que laboran por cuenta propia.
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Estas son otras de las sugerencias hechas por la Defensoría:
-Realizar auditorías anuales al IVM para evaluar su comportamiento y reaccionar a tiempo.
-Se considere como un acto de irresponsabilidad postergar las decisiones y acciones que deben tomarse en este proceso de diálogo.
-Establecer o mejorar los controles cruzados de información con el Ministerio de Hacienda para lograr mejor cotización.
-Definir políticas públicas y acciones tendentes a la reducción de la informalidad laboral.
-Evaluar la posibilidad de que la Supén supervise el IVM.
-Creación del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).