San José
La Defensoría de los Habitantes pidió este viernes a los diputados de la Comisión Plena Primera suspender el segundo debate del proyecto de ley que permitiría a 6.000 docentes trasladarse del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS al del Magisterio Nacional, llevándose sus cotizaciones con ellos.
En una carta firmada por el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, la Defensoría manifestó su "honda preocupación" por la decisión de los diputados de aprobar el plan, el miércoles pasado, porque este tendrá un impacto directo sobre el IVM, estimado en una pérdida ¢52.000 millones.
Cordero agregó que la decisión surgió justo en el momento en que una mesa de diálogo busca medidas para garantizar la sostenibilidad del principal sistema de pensiones del país, debido a su situación delicada, y que se espera un análisis técnico para nutrir las propuestas.
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"De entrar en vigencia el proyecto de ley N.° 17.561, sin duda afectará y modificará los supuestos con los cuales la mesa de diálogo está analizando el régimen. (...) Respetuosamente y consciente de las potestades constitucionales, la Defensoría de los Habitantes considera oportuno solicitarle a esa honorable comisión suspender el segundo debate del proyecto para que tal iniciativa, sus contenidos y posibles impactos en el Régimen IVM puedan ser conocidos y valorados por la mesa de diálogo (de la cual la Defensoría es observadora)", se lee en la nota.
El defensor adjunto, además, le recordó al presidente del panel legislativo, Juan Marín, de Liberación Nacional (PLN), que la comisión nunca pidió el criterio de la Defensoría sobre el proyecto que abre la puerta para el traslado de educadores desde el IVM hacia el sistema administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema).
De igual manera, Cordero afirmó que "preocupa a la Defensoría que, en este momento, la aprobación de una iniciativa de ley que involucre al régimen del IVM arroja una señal confusa para las y los habitantes, quienes están a la espera de los resultados del trabajo que está realizando la Mesa".
Marín, por su parte, dijo al filo de las 4 p. m. de este viernes, que todavía no conocía la nota que le envió la Defensoría. En todo caso, dijo que este lunes la buscará y el miércoles, cuando se vuelva a reunir la Comisión Plena Primera, la pondrá a conocimiento de los restantes 18 diputados que la integran.
Marín, en tanto, afirmó que, de ser necesario, escucharán el llamado del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN, Antonio Álvarez Desanti, de cotejar los números de nuevo para impedir un daño al IVM, pero afirmó que los congresistas de la fracción liberacionista que aprobaron el proyecto, creen tener elementos suficientes para mantener su respaldo a la iniciativa.
"No andamos con el ánimo de correr con este proyecto, estamos dispuestos a escuchar y a analizar lo que haya que analizar, tenemos un año debatiendo este proyecto en la Plena. Hemos tomado una decisión razonada. No creemos que los números que publicó Hacienda el jueves sean los correctos. Pero vamos a tener tranquilidad y objetividad. Creemos en los números que ha presentado Jupema, y sabemos que las pensiones de los beneficiarios no pasarán de ¢900.000 ó ¢1 millón, no son pensiones de lujo. Mucho de lo que se está diciendo no es cierto en materia de números", zanjó el legislador.
Impacto
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja, explicó que la salida de esas personas implicaría para el IVM una pérdida de ¢52.000 millones que ese régimen no tiene a la mano, pues el dinero que han aportado estos educadores –que se trasladaron al IVM en los años noventa– se ha utilizado para pagar las pensiones de otras personas, como ocurre en un mecanismo solidario.
Carrillo prevé dos impactos: el que significará tomar ese dinero de las reservas del IVM para dárselo al Magisterio y, el que provocará, en los cálculos actuariales, el dejar de percibir sus cotizaciones.
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La Defensoría se unió así a la voces del Gobierno, sector empresarial y de varios partidos políticos, que piden a los diputados dejar en suspenso el segundo debate del proyecto.
Por ejemplo, el ministro interino de Hacienda, Fernando Rodríguez, dijo el jueves que el traslado de al menos 1.847 maestros que hoy cotizan en el IVM le costaría al Gobierno Central ¢11.000 millones al año. Si la cantidad de educadores fuera de 6.000, Hacienda previó que el gasto adicional por año sería de ¢32.000 millones.
Esa cartera advirtió de que, en esos escenarios, se desperdiciaría el ahorro de ¢21.000 millones que los propios diputados consiguieron el año pasado, al reformar tres regímenes de pensiones con cargo al presupuesto del Gobierno Central.
El candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza, por su parte, reprochó a los legisladores de su bancada que respaldaron el proyecto de ley, mientras que Álvarez, aspirante presidencial del PLN, señaló que él siempre estuvo en contra de la iniciativa mientras fue diputado de su partido.
Asimismo, el verdiblanco solicitó a los congresistas que avalaron el proyecto que contrasten y analicen las cifras de la Jupema, de Hacienda y de la CCSS, antes de darle el segundo y último debate al proyecto de ley.
Sus criterios chocan con los del diputado y virtual candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien aseguró que cálculos hechos por su bancada a la luz de las cifras de la Jupema, los hacen proyectar que la cantidad de educadores que se podrían trasladar de un régimen a otro sería no mayor a las 200 personas.