La Defensoría de los Habitantes frenó el proyecto de ley que busca prolongar por un año la vida útil de los autobuses utilizados en el transporte público por micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Este órgano contralor de la Asamblea Legislativa presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV, lo que suspende temporalmente la aprobación en segundo debate y definitivo de la iniciativa de ley prevista para el 24 de octubre.
La reforma, que añade una disposición transitoria a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, establece una prórroga exclusiva y única para los autobuses de ruta regular de los modelos 2007 y 2008 de las pymes y cooperativas bajo esta categoría del sector.
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Bajo tal reforma, estos autobuses podrían operar hasta los 16 años, en vez de los 15 años vigentes.
La Defensoría de los Habitantes argumenta que el proyecto no respetó el principio de gobierno participativo establecido en el artículo 9 de la Constitución Política, ya que no consultó a las organizaciones de personas con discapacidad durante su proceso legislativo.
También alega que extender la vida útil de estos autobuses justifica y perpetúa el incumplimiento de los requisitos de accesibilidad para esta población.
Además, la Defensoría señala que en el 2006, se realizó una reforma a la Ley N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que extendió la vida útil de los autobuses de 10 a 15 años, precisamente para garantizar que el sector cumpla con los requisitos de accesibilidad. Según esta legislación, el plazo no puede ser prorrogado después de los 15 años.
La Defensoría también argumenta que el proyecto viola los principios de no regresividad en materia de derechos humanos y de razonabilidad. En particular, la Defensoría cuestiona la justificación del proyecto, que se basa en el impacto negativo sufrido por las empresas de transporte durante la pandemia, pero alega que no proporciona datos específicos sobre la reducción de pasajeros ni sobre los ingresos.
“Más aún, dicha argumentación se sustenta en datos desactualizados e información imprecisa y con el sesgo del sector empresarial al que beneficia”, afirma la consulta.