Los siete candidatos presidenciales que participaron en el debate de Monumental, este martes, contestaron cómo manejarían el acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La mayoría optó por una renegociación, cada quien con sus respectivos énfasis. Estas fueron sus propuestas en el orden en que participaron:
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista,se pronunció a favor del acuerdo, pero sin agregar nuevos impuestos y con una reforma del Estado que le permita al país disminuir sus gastos. “Costa Rica necesita un acuerdo con el FMI para poner las finanzas publicas en orden, pero no recargar el peso en los bolsillos de la gente; vamos a negociar con el FMI. Las metas están claras, la forma la vamos a renegociar: promover una reforma del Estado que permita mejorar servicios públicos y poner bajo control el gasto público para equilibrar finanzas de manera sostenible”.
“Subir impuestos en una economía ralentizada no permite reactivar”, dijo el candidato, quien plantea una simplificación tributaria para quitar los impuestos que menos recaudan.
Un camino sin nuevos impuestos también es la vía de Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien asegura que es necesario un diálogo político para forjar este convenio.
“Hay que poner en orden la casa, no tenemos ninguna intención de seguir llevando cargas a la familia costarricense. Además, esto debe llevar a un necesario diálogo político que debe existir, lo que ha sido uno de los grandes fallos en torno al acuerdo FMI: no hubo diálogo con los partidos”, dijo la socialcristiana.
“Un acuerdo totalmente nuevo”, planteó Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático y exministro de Hacienda de la administración de Carlos Alvarado. Manifestó que lo pactado entre esta administración y el FMI no es más que un “torniquete” que recae en las partes débiles de la sociedad. Dijo que él revisaría exenciones no relacionadas con zonas francas, destinos específicos y cargas parafiscales.
El acuerdo de Carlos Alvarado no es del total agrado del candidato oficialista, Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC). En específico, se opone a la Ley Marco de Empleo Público, que eliminaría el sistema de pluses salariales, al argumentar que atenta contra la división de poderes. “En cuanto a los otros proyectos, estoy de acuerdo”, dijo.
El candidato del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que existe “una oportunidad para construir un acuerdo viable”, centrado en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y en flexibilizar la regla fiscal para que no se recorten programas sociales.
El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, calificó el acuerdo con el FMI como un “sello de aprobación”: Un acuerdo con el FMI es importante porque la herencia de dos administraciones y un pésimo manejo económico nos hacen necesitar ese sello de aprobación. Estamos de acuerdo con mejorar las finanzas del país. Queremos ir más allá, crear confianza, porque viene inversión y oportunidades de trabajo que hacen crecer la economía; hay que saber cómo se hace eso”.
Por último, Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, indicó que ha conversado con las autoridades del FMI para una renegociación que pasa por planes como reforzar Hacienda Digital, una reestructuración de la deuda pública y reducción del gasto público y de alquileres, así como la puesta en marcha de escáneres en aduanas.
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Agenda FMI
El Poder Ejecutivo negoció con las autoridades del FMI una agenda de proyectos para mejorar las finanzas públicas y así acceder a un crédito por $1.778 millones.
Originalmente, los proyectos de ley para aumentar los ingresos públicos debían rendir un 1,17% del producto interno bruto (PIB), porcentaje equivalente a ¢450.000 millones. Sin embargo, ahora bajó a un 0,7% del PIB, que corresponden a ¢267.000 millones, gracias al mejor desempeño fiscal y a la contención del gasto.
Entre la agenda, se encuentran reformas al impuesto de casas de lujo, un impuesto para los premios millonarios de la lotería, el plan de empleo público, así como la renta global dual.
A excepción de la ley de empleo público, los demás no han avanzado en el Congreso.