En un manifiesto entregado este jueves en la sede central del Partido Acción Ciudadana (PAC), en San Pedro de Montes de Oca, unos 30 militantes de esa agrupación lanzaron un duro ataque a la cúpula, declarándola como “ilegítima”.
El escrito, de cinco páginas, critica a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PAC por apoyar a miembros de la Juventud que propusieron “aprovechar los recursos políticos de gobierno para beneficio partidario y JP (Juventud Progresista)”.
Sin embargo, los firmantes felicitaron al presidente Luis Guillermo Solís por haber separado de sus cargos en el Gobierno a quienes tuvieron la idea.
En el documento se indica que la decisión de Solís fue una lección de ética para quienes intenten utilizar recursos públicos para fines no estipulados en la Constitución Política.
Por eso, exigieron que el Comité Ejecutivo y la Comisión Política separen de sus funciones partidarias a los implicados en la polémica.
“Demandamos a la actual dirigencia actuar de forma inmediata separando de todas las estructuras e instancias partidarias a las personas envueltas desde el 11 de julio en una controversia relacionada con la divulgación de la minuta del grupo llamado Juventud Progresista”, dice el manifiesto.
Se trata de Fabián Solano, de la Comisión Política; Eduardo Solano, subsecretario general; Marcela Ávila, presidenta de la Juventud del PAC y asambleísta nacional; Alejandro Ross, también de la Comisión Política, y los asambleístas Mariano Salas, Óscar Jiménez y Randall Céspedes.
De ellos, Fabián Solano, Ávila, Salas y Céspedes, fueron destituidos por el mandatario este lunes, ante lo que consideró “insinuación” o “sospecha” acerca de un uso indebido de los recursos públicos de cualquier tipo.
“Aunque este hecho haya sido siquiera una sola sugerencia”, sentenció Solís.
Escándalo. Entre los 30 firmantes del manifiesto destacan la diputada Epsy Campbell, los exlegisladores Manrique Oviedo, Sadie Bravo, José Rosales y Teresita Aguilar, el extesorero Óscar Fernández y el exsecretario general Juan Francisco Montealegre.
“No queremos que ahí se acabe el escándalo, porque son los mismos hechos que afectan al partido y al Gobierno, un acto que genera una duda en la fibra del partido”, expresó Campbell.
Según Oviedo, la intención es analizar si cabe destituir a otras personas que podrían haber respaldado la idea de aprovecharse de los recursos del Gobierno para beneficio partidario, y que se mantienen laborando para la administración central.
Objetan pacto. En su proclama, los afiliados del PAC, muchos de ellos ligados al partido desde su fundación hace casi 15 años, censuran que autoridades de la agrupación hayan participado en la firma del pacto político con el Frente Amplio y la coalición sindical Patria Justa.
“Acuerdos como el tomado entre la dirigencia del PAC, el Frente Amplio y el conglomerado sindical Patria Justa, no recogen los ideales y propuestas de nuestro Partido”, señala el texto.
“Manifestamos inconformidad por decisiones arbitrarias de la presidenta del partido, Margarita Bolaños, sin consultar a la Asamblea Nacional, que entrega el partido a la izquierda”, enfatizó el exlegislador Oviedo.
La Nación intentó conversar con Bolaños, pero no respondió las llamadas que se le hicieron.