Cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) solicitaron la declaratoria de caducidad del proceso disciplinario en su contra, que lleva el Consejo de Gobierno desde hace 18 meses.
Los directivos investigados que hicieron la solicitud fueron Ana Isabel Solano, Luis Pal, Jorge Méndez y Víctor Carranza.
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"Inexplicablemente el Consejo de Gobierno tiene 8 meses (la última fecha en la que los directivos presentaron sus alegatos) de haber abandonado nuestro caso, violando nuestros derechos a un proceso justo, célere y transparente, alargando ilegalmente un proceso que abrió de oficio y que desde su inicio carecía de toda justificación", argumentaron los investigados en un comunicado titulado Es ilegal y contrario a la seguridad jurídica el alargamiento de nuestro proceso.
Además, desde abril pasado, el órgano director a cargo de la investigación interna en Casa Presidencial presentó un informe con sus conclusiones, pero tras seis meses, el Consejo de Gobierno aún no toma ningún acuerdo al respecto.
En junio, el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, expresó que "próximamente" se resolvería el caso; sin embargo, el martes pasado, ante una nueva consulta de La Nación, el jerarca solo precisó que el acuerdo se tomará en "esta administración".
La Procuraduría de la Ética Pública halló una presunta falta al deber de probidad por parte de varios directores que, en enero del 2016, modificaron la composición de tres de las cuatro juntas directivas de las subsidiarias, para autonombrarse en ellas. Eso ocurrió en BN Valores, BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) y BN Corredora de Seguros.
No obstante, los directivos sostienen que durante la investigación se comprobó que actuaron bajo el cumplimiento de un "deber funcional que impone el ordenamiento jurídico vigente, sin que exista un solo acto irregular al que se le pueda atribuir dolo, culpa o falta de probidad".
"Consideramos arbitrario que estando listo el expediente para el fallo desde hace más de 8 meses –después de haber recibido todas las pruebas y nuestros alegatos de conclusiones– ese órgano extrañamente se niegue a resolver el caso prefiriendo mantenernos bajo el calificativo de "investigados", señalaron los directivos.
Además de la presunta falta al deber de probidad, la Procuraduría reveló que los directivos violaron otras normas éticas.
Menciona, por ejemplo, faltas a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el Código Procesal Civil, y el Código de Conducta del Conglomerado del Banco.