Por unanimidad, los 11 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron afirmativamente, este miércoles, el crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), acordado dentro de un plan de ajuste fiscal negociado entre el Gobierno y el FMI.

El empréstito se dictaminó un día después de que se empezó a discutir en ese foro, donde los jerarcas de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica (BCCR) evacuaron consultas de los legisladores de ese foro.

Antes del dictamen, también por unanimidad, la comisión aprobó una moción presentada por Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), que establece controles en la gestión de esos recursos.

Uno de ellos es que los desembolsos del préstamo se incorporen al Presupuesto Nacional a través de planes de gastos extraordinarios que deberá aprobar la Asamblea Legislativa, “a fin de otorgar transparencia” durante su gestión, en vez de hacerse vía decreto como lo pidió el Gobierno.

Además, se impide variar el destino del empréstito; es decir, obligatoriamente será utilizado para pagar servicio de la deuda pública a través de la sustitución de fuente de financiamiento externa por interna, lo que reduce el pago en tasas de interés.

“La totalidad de este crédito no es de libre disposición. La moción aprobada establece que los recursos vayan al servicio de la deuda con el fin de cambiar fuente de financiamiento al pasar de deuda cara a deuda barata”, expuso Delgado sobre su propuesta aprobada en comisión.

La comisión también aprobó realizar consultas escritas a la Contraloría General de la República (CGR) y a los ministerios de Hacienda y Planificación (Mideplán).

Superada esas consultas, el proyecto seguirá su curso ordinario en el Congreso. Esto significa que deberá superar dos procesos de presentación de mociones de ajuste en el plenario, pero que se evacuarán en comisión.

Posteriormente, el plan seguiría su ruta en el plenario donde los legisladores podrían reiterar mociones de ajuste rechazadas en comisión y, luego, votarse en primer debate.

El empréstito tendrá un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia. La tasa anual en dólares sería del 2,51%, según el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero.

Cubero expuso este martes en esa comisión que, en esos cuatro años de gracia, el país se ahorraría $156 millones en el pago de intereses.

El dinero se desembolsará en seis tractos semestrales de alrededor de $296 millones cada uno, por un periodo de tres años.

El primer giro se produciría con la aprobación del empréstito por la Asamblea Legislativa y los restantes se haría con el cumplimiento de metas del plan de ajuste fiscal asumidas por Costa Rica.

Avalaron el dictamen afirmativo Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, legisladores del PLN; Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y María Inés Solís y Oscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Del mismo modo lo apoyaron Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, congresistas del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y Harllan Hopelman, del bloque independiente Nueva República (NR).

El diputado Hopelman justificó su voto por ser un primer desembolso, según dijo, que no está sujeto al cumplimiento de las medidas fiscales acordadas con el Fondo Monetario.

Sin embargo, dejó claro que su bloque no apoyará iniciativas que conlleven “nuevos” impuestos a los costarricenses pese a que reconoció los problemas económicas que afronta el país.

“Estos nuevos impuestos requieren la aprobación legislativa y están relacionados con futuros desembolsos de este préstamo. Nos oponemos a cualquier proyecto de ley que impulse nuevos impuestos y más cargas sobre los costarricenses”, advirtió el fabricista.

Añadió que, si el Gobierno pretende cumplir metas fiscales deberá buscar otras opciones distintas a nuevos ingresos, pues dijo que los costarricenses se encuentran con dificultades económicas debido a la pandemia.

Entre los proyectos negociados con el organismo internacional, figura la reducción o eliminación de exoneraciones fiscales, entre ellos el salario escolar.

Del mismo modo el país se comprometió a implementar una impuesto a los premios de lotería superiores a los ¢225.000, la renta global dual que ampliaría la base de cálculo del impuesto para las personas, una modificación al tributo a las casas de lujo y el aporte de hasta el 20% anual de utilidades de las empresas públicas.

En la parte de recorte al gasto, el Gobierno negoció una reforma al empleo público que establecería un salario global de un monto único en el Estado, en sustitución del sistema de pluses que atomizan el gasto.

De igual forma el Poder Ejecutivo se comprometió con metas de reducción de gastos a través de la regla fiscal.

Salvavidas para el país

La legisladora de la bancada oficialista, Laura Guido, recordó que el Gobierno se ha planteado una ruta de responsabilidad fiscal para “concretar” la confianza de los organismos financieros internacionales.

Ello implica que el plan de financiamiento externo, para sustituir deuda interna cara, ha restado presión sobre las tasas de interés en el mercado local y, a la vez, ha llevado a la baja el pago de financiamiento del Gobierno, según dijo.

“Poder hacer una gestión responsable en esta materia permite no solo disminuir el gasto público en lo inmediato, sino poder tener una discusión sobre cómo hacer una mejor apuesta al gasto de capital y, con ello, dar un impulso a nuestra economía”, expuso Guido.

La legisladora oficialista aseveró que el acuerdo con el FMI significa un salvavidas para el país, en un momento en que ha naufragado en una difícil tormenta debido a la covid-19.

Por lo tanto, Guido celebró el compromiso de las demás fracciones en apoyar una ruta de financiamiento externo, pero también de ser parte de la discusión sobre la transformación del gasto público y de mejorar los ingresos fiscales.

En esa línea, recordó que dos terceras partes del plan de ajuste fiscal se apalancan sobre la reducción del gasto y, si bien el resto lo compone la generación de nuevos ingresos, el énfasis planteado por el Gobierno se enmarca en la eficiencia y ordenamiento del gasto en el Estado.

“Me parece legítimo plantear la necesidad de hacer una revisión por el fondo de cada una de las iniciativas planteadas en el acuerdo con el Fondo Monetario y hacia la habilitación de los recursos, pero este paso de aprobar el contrato de préstamo es una señal importante al país de que transformar la deuda es importante”, insistió Guido.

El restauracionista Carlos Avendaño resaltó que las condiciones favorables del empréstito darán respiro a las finanzas públicas, por lo cual su bancada lo apoya.

“Da una señal para estimular la inversión extranjera y a las calificadoras de riesgo”, finalizó Avendaño.

Gobierno debe negociar con fuerzas políticas

La presidenta de la comisión, Silvia Hernández, recordó que el financiamiento es una puerta hacia el plan de ajuste fiscal que tiene metas cuantitativas y cualitativas que el país deberá cumplir, para seguir recibiendo desembolsos.

“Hago un llamado al Gobierno de la importancia para que la negociación para concretar este proyecto de ley sea permanente y constante con las fuerzas políticas”, pidió la verdiblanca.

Para Hernández, el diálogo permanente es necesario para hacer revisiones, dado que algunas iniciativas de ley como el de renta global tienen defectos que se deben corregir, aunque no los señaló.

“De lo contrario, estaríamos a las puertas de que sea el próximo Gobierno el que lleve adelante el resto de la agenda del Fondo Monetario”, finalizó.