Por segundo año consecutivo, Costa Rica se ubica en el puesto tres de una lista que mide la capacidad de 15 países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.
Se trata del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021, elaborado por la organización sin fines de lucro Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés) y por Control Risks, empresa consultora especializada en riesgos globales.
En la tercera edición del índice, la segunda que incluye a Costa Rica, el país mantiene el puesto que obtuvo el año anterior.
Le preceden Uruguay y Chile en los peldaños primero y segundo, respectivamente. Ambos países también conservan su posición del 2020.
Este 2021, el país obtuvo 6,45 puntos de una nota máxima de 10, mientras que Uruguay recibió 7,80 y Chile, 6,51.
En los siguientes escalafones, en orden, se ubicaron Perú (5,66), Argentina (5,16), Brasil (5,07), Colombia (4,81), Ecuador (4,77) y Panamá (4,55).
Les siguen República Dominicana (4,38), México (4,25), Paraguay (4,08), Guatemala (3,84), Bolivia (2,43) y Venezuela (1,40).
La medición, dada a conocer este lunes 14 de junio, abarca 15 países que, en conjunto, representan casi el 95% del producto interno bruto (PIB) de América Latina.
Según las organizaciones promotoras del estudio, en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, este evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir este flagelo.
Las naciones con puntajes más altos se consideran más propensas a ver actores corruptos procesados y condenados, enfatiza la investigación.
El informe evalúa la forma en la que cada país combate la corrupción desde tres grandes áreas, a cada una de las cuales también les asigna una calificación.
En la categoría de Capacidad Jurídica, nuestro país obtuvo 6,28 puntos; en la de Democracia e Instituciones Políticas, la calificación fue de 6,80 puntos; y en el escalafón de Sociedad Civil y Medios de Comunicación, el puntaje fue de 6,59.
Dentro de esas esferas, la medición valora 14 subcategorías, entre las que destacan la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.
‘Niveles increíbles de estabilidad’
Los encargados del índice aseguran que tanto Costa Rica como Uruguay y Chile reportaron este 2021 “niveles increíbles de estabilidad”, al conservar los mismos puestos del año anterior.
En el caso costarricense, el informe destaca que, al igual que en el 2020, el país volvió a superar a Chile en cuanto a capacidad jurídica, categoría que alude a un sistema judicial independiente y eficiente.
En ese peldaño, dicta la medición, Costa Rica experimentó “mejoras marginales” (de 6,26 a 6,28 puntos del 2020 al 2021), así como en la de Democracia e Instituciones Políticas (de 6,73 a 6,80 puntos).
En el apartado de Sociedad Civil y Medios de Comunicación, el puntaje pasó de 6,61 a 6,59 puntos.
Sistema tico es ‘lento’
Entre los desafíos que revela el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021 para Costa Rica, se encuentran la lentitud para penalizar la corrupción, así como la complejidad de algunos mecanismos judiciales.
“Aunque una puntuación inalterada es una buena noticia en una región plagada de escándalos de corrupción, es una señal de que los esfuerzos anticorrupción avanzan lentamente en Costa Rica”, indica la investigación.
Añade: “Los principales retos en la lucha anticorrupción siguen relacionados con los complejos procedimientos judiciales y las lagunas normativas. Estas ineficiencias han provocado un estancamiento incluso en casos de corrupción de gran repercusión, como el cementazo, una presunta trama en la que están implicados funcionarios del Estado, un banco público y una importadora de cemento de China”.
En el caso del cemento chino se investiga desde el 2017, por ejemplo, el Grupo JCB —propiedad del empresario Juan Carlos Bolaños— le reportó al Banco Popular y al Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento, desde China, a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero provenientes de líneas de crédito.
Por otra parte, el índice lamenta que “un proyecto de ley para regular las actividades de cabildeo que se presentó por primera vez en 2019” siga “estancado en la Asamblea Legislativa.
Se trata del expediente 21.346, un texto que regularía el lobby entre funcionarios públicos y sus familiares.
La iniciativa crearía los mecanismos de publicidad para las reuniones que se gesten entre un grupo de funcionarios públicos y lobistas o defensores de intereses privados.
Además de que se generaría una agenda pública que registre estas actividades, los gestores de los intereses privados deberán constar en un registro público.
No obstante, el expediente se encuentra paralizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, donde no muestra ningún avance desde noviembre de 2019.
Los retos de la OCDE y el FMI
El índice no dejó por fuera los cambios que tiene pendientes el país luego de haber ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en mayo de este 2021.
Tampoco se olvidó de los desafíos de Costa Rica para la aprobación de un crédito por $1.750 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar su crisis fiscal.
“Costa Rica ha tenido que implementar reformas anticorrupción para unirse a la OCDE en mayo. El país estará bajo una presión constante para llevar a cabo reformas estructurales en un futuro próximo. Un posible acuerdo de préstamo de $1.800 millones con el Fondo Monetario Internacional está supeditado a la realización de varias reformas”, reza el informe.
Por último, la medición cita las próximas elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2022 y las posibilidades de que surjan denuncias de corrupción durante ese período.