Con 35 votos a favor y ocho en contra, los diputados ratificaron el Protocolo de Nagoya el pasado lunes 31 de julio. Este es un tratado internacional que regula las condiciones de acceso a los recursos genéticos contenidos en la naturaleza.
El acuerdo instaura un marco jurídico para proveedores y usuarios de estos recursos, los cuales son utilizados en industrias como la farmacéutica, la biotecnológica, la de alimentación, la de cosméticos y la de jardinería.
Los países proveedores de este potencial genético tiene el derecho de decidir sobre el acceso a este y establecer condiciones para su uso. El tratado procura garantizar la utilización equitativa de recursos contenidos en plantas, animales y microorganismos.
Este tratado internacional fue adoptado en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Nagoya, Japón, en 2010.
El proyecto de ley para la ratificación del Protocolo fue presentado por la administración del expresidente Carlos Alvarado a la Asamblea Legislativa. Se trata de un acuerdo complementario al CDB, que funciona como un instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica.
El Protocolo de Nagoya busca garantizar la participación ciudadana, creando incentivos para la conservación sostenible de los recursos.
Además, contempla que los beneficios que se obtengan de la utilización de recursos genéticos deben ser compartidos de manera justa y equitativa con los países proveedores de dichos recursos y con las comunidades indígenas y locales que los han resguardado.
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El protocolo plantea el uso sostenible de los recursos mediante la búsqueda de soluciones provenientes de la naturaleza, las cuales serían lideradas por personas con conocimientos en actividades de investigación y desarrollo de los recursos genéticos.
Según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), esta ratificación impacta de manera positiva las metas globales para frenar la pérdida de biodiversidad en el planeta.
Franz Tattenbach, ministro de Ambiente, dijo que la aprobación del acuerdo beneficiará a pueblos indígenas, comunidades locales, emprendedores, sectores académicos, de investigación y organizaciones internacionales.
“Este es un mecanismo esencial para el funcionamiento del sistema único de monitoreo establecido bajo el Protocolo, el cual ha sido ratificado en más de 100 países del mundo. Nos permitirá seguir fortaleciendo las políticas de adaptación al cambio climático”, añadió el jerarca del Minae.
La ratificación fue aprobada bajo el expediente legislativo 21.550.
Este proyecto de ley fue enviado a consulta a la Sala Constitucional, donde los magistrados no encontraron vicios de inconstitucionalidad en el texto.
Los ocho diputados que votaron en contra alegaron que la iniciativa no fue consultada a las poblaciones indígenas costarricenses. Ellos son Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Ariel Robles, Sofía Guillén y Priscilla Vindas, de la bancada del Frente Amplio (FA); así como Dinorah Barquero, Francisco Nicolás y Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La frenteamplista Sofía Guillén realizó una intervención donde afirmó que, en la Sala IV, se registró un voto salvado que alerta sobre la posible generación de algún tipo de lesión a los pueblos originarios costarricenses.