En la última década, Costa Rica aprobó más de 100 normas ambientales por año, pero sin proveer los recursos necesarios para su ejecución ni garantizar que las instituciones responsables puedan realizar sus labores de control.
Así lo indica el más reciente Informe del Estado de la Nación, el cual advierte de que “la adopción de normas jurídicas es insuficiente para garantizar la sostenibilidad ambiental” y que, más bien, el país está profundizando su deuda ecológica.
Como señal de esta situación, el estudio menciona que, en el índice de desempeño ambiental 2022 (EPI por su sigla en inglés) desarrollado por las universidades de Yale y Columbia, Costa Rica se ubicó en el puesto 15 entre los 32 países de América Latina y el Caribe, por lo que no ocupa posiciones de liderazgo regional. A nivel global, ocupó el puesto 68 entre 180 naciones analizadas.
Por otra parte, la metodología de la organización Global Footprint Network también dio cuenta del deterioro en materia ambiental que sufre el país. De acuerdo con esta plataforma, entre 1961 y el 2022, el país pasó de tener una reserva ecológica de 4,1 hectáreas globales por persona a un déficit ecológico de -0,9 hectáreas globales por persona.
Este índice comprara los recursos disponibles considerando la capacidad productiva del territorio y su ritmo de regeneración natural (biocapacidad), así como el uso real que la población hace de ellos (huella ecológica).
Igualmente, el país redujo su biocapacidad que, en el mismo periodo, pasó de 6,6 hectáreas globales por persona, a 1,6 hectáreas globales por persona, debido al crecimiento demográfico, entre otros aspectos.
En el periodo 1961-2022, el principal responsable de la deuda ecológica es la huella de carbono.
La huella de carbono es una métrica ambiental que calcula el peso total de las emisiones de dióxido de carbono, derivadas de la quema de combustibles fósiles, en relación con la cantidad de superficie de tierra productiva necesaria para absorber esos gases (biocapacidad) y neutralizar su efecto en el entorno.
Recortes presupuestarios
Igualmente, el estudio destaca que, entre los años 2019 y 2023, han caído los recursos asignados a varias de las instituciones encargadas del control y la fiscalización ambiental.
Por ejemplo, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) registra una reducción del 48% de su presupuesto; en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la disminución de los ingresos fue del 32% y en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), del 31%.
El Sinac también sufrió una merma en el número funcionarios en tres de sus cuatro dependencias: la Dirección Regional, las oficinas subregionales y las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).
En el caso de las oficinas subregionales, la reducción fue de casi una cuarta parte entre el 2016 y el 2022.
Si bien, la variación fue menor en las ASP (-3,4% en el mismo periodo), el estudio advierte de que eso no significa que sea menos importante, “sobre todo si se considera el incremento que se experimentó en el territorio bajo esquemas de protección en el país en el 2021″.
Según el estudio, una consecuencia de contar con menores recursos económicos y personal es la reducción significativa en el número de horas invertidas en tareas de prevención, protección y control por parte del Sinac.
Al respecto, el documento señala que, para el año 2022, se dedicaron 32.926 horas a estas tareas de fiscalización del Sinac, cifra muy distante de las 110.496 horas del 2020 (la cifra más alta desde el 2011), lo que equivale a una caída del 70,2%.
Por otro lado, el informe considera llamativo que, en el caso del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), se registra una situación contraria al de las instituciones mencionadas, ya que experimentó un incremento del 64% de su presupuesto, en el mismo periodo.
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La abundancia de normas
Entre el 2012 y hasta el 2023, el país adoptó 106 normas en materia ambiental por cada periodo. Sin embargo, la cifra se incrementó a 153 entre el 2021 y abril del 2022, siendo este el registro más alto para toda la década.
El segundo momento con mayor número de compromisos asumidos, con 144, corresponde al periodo entre el 2022 y hasta abril del 2023.
La amplia producción normativa incluye decretos del Poder Ejecutivo, las leyes aprobadas por los diputados y, en menor medida, las resoluciones, acuerdos o avisos, emitidos por órganos descentralizados o autónomos.
En el caso de las leyes, el estudio señala que de las 21 aprobadas en materia ambiental, entre el 2010 y el 2022, a 12 no se les asignaron los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento, una práctica que denomina como “promesa democrática sin sustento”.
Cuellos de botella de la gestión ambiental
La gestión ambiental del país también arrastra otras debilidades o “cuellos de botella”, como el hecho de que la mayor proporción de políticas están planteadas para el corto o mediano plazos.
A su vez, las medidas suelen tener un enfoque general y son de alcance nacional, es decir, existen pocas con perspectiva territorial; las políticas definen tareas y metas clave, pero no responsabilidades y recursos para su concreción.
El país tampoco cuenta con información técnica y científica, que aporte elementos suficientes para conocer la gravedad de la situación y formular las intervenciones más efectivas y eficientes desde el punto de vista social, económico y ambiental.