Costa Rica anima a ir más allá en la reforma de las políticas sobre drogas

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Nueva York

La vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, expresó hoy su satisfacción por el nuevo debate que existe en el mundo en torno a las políticas sobre drogas, pero subrayó la necesidad de ir más allá y, por ejemplo, asegurar que se termina con el uso de la pena de muerte en este ámbito.

Chacón, en su intervención ante la cumbre sobre drogas que arrancó hoy en la ONU, se refirió al documento de conclusiones aprobado al inicio de la reunión, un acuerdo de mínimos negociado por consenso.

"Debemos tener presente que, en aras del consenso, dicho documento excluyó elementos cruciales para un abordaje verdaderamente integral", dijo la representante costarricense.

"Si realmente queremos reducir las consecuencias adversas", señaló, "es imprescindible tratar temas que no se mencionan en el documento, como la reducción del daño, la proporcionalidad de las penas y la no aplicación de la pena de muerte".

Todos estos son "elementos cruciales" para desarrollar un "abordaje verdaderamente integral", consideró Chacón.

Pese a esas carencias, la vicepresidenta reconoció la cumbre que se celebra en la ONU como un "punto de inflexión" hacia una política "más social" contra el narcotráfico, que ponga en el centro de las decisiones públicas "a las personas y a la sociedad".

Para Chacón, la resolución aprobada no debe verse solo como "un fin en sí mismo", sino como un punto de partida en el que empezar a trabajar en políticas "integrales y efectivas".

"Si bien el documento de resultados aprobado constituye un paso valioso y refleja algunas de las nuevas avenidas sobre las cuales debemos transitar en el debate internacional sobre el problema mundial de las drogas, aún nos queda un gran trabajo por desarrollar", señaló.

Costa Rica compartió la opinión de otros Estados miembros al reconocer que en los últimos 50 años las "políticas represivas y de guerra contra las drogas" aún no han ofrecido una solución al problema.

Además, recordó que en el país nunca se ha sancionado como delito al consumidor, sino que siempre se ha tratado el problema "desde la perspectiva de la salud, la prevención y el tratamiento" con distinciones de género.