Este lunes, la Corte Plena discutirá un informe disciplinario sobre las actuaciones de los magistrados de la Sala III que desestimaron una causa por supuesto tráfico de influencias contra dos exdiputados, relacionada con el caso del cemento chino.
Así lo confirmaron dos fuentes confiables a este medio.
El informe versa sobre las acciones de los jueces Carlos Chinchilla, Doris Arias, Celso Gamboa (ya destituido), María Elena Gómez y Jesús Ramírez.
Ellos acordaron, a inicios del año pasado, desestimar una causa contra los entonces legisladores Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, relacionada con las intenciones del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
La decisión la tomaron el 20 de febrero del 2017, luego de una gestión de la Fiscalía General de la República, donde se indicaba que no se había hallado prueba contra los hoy excongresistas.
La denuncia original intentaba demostrar que Guevara, entonces parlamentario del Movimiento Libertario, y Morales, que para ese momento todavía pertenecía a la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), se habían aliado para que el gobierno de Luis Guillermo Solís reformara el reglamento que limitaba la importación de cemento extranjero y así favorecer a Juan Carlos Bolaños.
La petición de desestimación de la causa la hizo la entonces fiscala subrogante, Berenice Smith, pues para ese momento Jorge Chavarría, entonces titular de la Fiscalía General, estaba de vacaciones.
En octubre pasado, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla (a la vez uno de los magistrados señalados por esa desestimación) pidió al Tribunal de la Inspección Judicial determinar si el Ministerio Público les indujo a error a él y a los demás magistrados penales que tomaron la decisión.
Además del órgano instructor contra los miembros de la Sala III por esa decisión, también hay una denuncia penal interpuesta por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) por la decisión que tomaron en ese momento.
Consultado por el informe que debatirán este lunes, el magistrado Luis Guillermo Rivas, de la Sala I, solamente indicó que ya se había entregado el informe del órgano instructor.
Nancy Hernández, de la Sala Constitucional, rechazó comentar sobre el tema, pero agregó que cualquier consulta sobre el asunto se le debía remitir a la vicepresidenta de la Corte Plena, Carmen María Escoto, quien tiene a su cargo ese tema.