La Corte Plena acordó, en su sesión del lunes anterior, solicitar a la Asamblea Legislativa ampliar en &162;703 millones el presupuesto anual de esa entidad para destinarlo a la aplicación de la Ley Penal Juvenil, recientemente aprobada.
Así lo informó ayer la periodista María Isabel Hernández, del Departamento de Relaciones Públicas e Información del Poder Judicial.
En caso de ser aprobada esa iniciativa, los fondos se destinarían, entre otras asuntos, a la creación de juzgados juveniles y al nombramiento de personal exclusivo para trabajar casos de delincuencia juvenil.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Luis Gerardo Villanueva, se mostró dispuesto a aprobar la solicitud de la Corte. "Esperamos que el Poder Ejecutivo mande una iniciativa en este sentido para aprobarla", expresó.
En igual sentido se pronunció Bernal Aragón, jefe de fracción del PUSC, al señalar: "Tenemos un compromiso y empeñamos nuestra palabra de que les daríamos trámite prioritario a todos los proyectos de ley referentes a seguridad ciudadana."
"Cuando se aprobó la Ley de Justicia Penal Juvenil fuimos los primeros en advertir que debe darse contenido económico a esta nueva legislación", puntualizó.
Creación de juzgados
Según la Corte, el funcionamiento de la nueva ley requiere crear un juzgado juvenil en cada una de las cabeceras de provincia del país y en los cantones de San Carlos y Pérez Zeledón. Estos estarían conformados por un juez, un secretario, un escribiente, un escribiente notificador y un conserje, según lo informado por Hernández.
Además, el acuerdo establece crear un Tribunal Superior Juvenil en San José, el cual tendría competencia en todo el territorio nacional. Estaría conformado por tres jueces, un secretario, un escribiente, un escribiente notificador y un conserje.
En todos estos casos, el Poder Judicial requiere del alquiler de nuevos locales y compra de equipo, afirmó la periodista.
El funcionamiento de la ley, necesita, según lo dispuesto por los magistrados, de ocho agentes fiscales, ocho defensores públicos y 38 oficiales del OIJ, especializados en delitos juveniles.