La Contraloría General de la República (CGR) presentó este miércoles, en la Asamblea Legislativa, un plan que le permitiría al Estado ahorrar ¢120.000 millones en caso de que algunas instituciones pasen a la Caja Única, que administra el Ministerio Hacienda, parte del dinero líquido que manejan.
La propuesta consiste en que más de una docena de entidades puedan transferir ¢1 billón de los ingresos provenientes del Gobierno Central. Así lo expusieron, en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, la contralora general Marta Acosta y su equipo
La contralora indicó que parte del ahorro lo percibirían las mismas instituciones, por la disminución en los pagos de intermediación financiera que deben hacer a bancos por la administración de esos recursos.
El segundo ahorro le correspondería a Hacienda, debido a que esta cartera tendría mayor liquidez y evitaría recurrir a una mayor emisión de bonos de deuda con pago de intereses que, muchas veces, son réditos financieros que la Tesorería Nacional otorga a las mismas entidades que compran bonos de deuda pública del Gobierno Central.
Acosta explicó que, de girarse ese ¢1 billón, se generaría un ahorro equivalente a un 0,3% del producto interno bruto (PIB), según datos del 2018, en momentos en que la deuda pública del Gobierno Central supera el 58% del PIB.
La cifra del 0,3% del PIB equivale a unos ¢120.000 millones.
Acosta explicó que las transferencias a la Caja Única podrían ejecutarse amparadas en legislaciones actuales como la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que obliga mantener en Hacienda todos los ingresos de las entidades y órganos desconcentrados.
Sin embargo, también indicó que se podrían requerir algunos ajustes de ley.
Durante su intervención, Acosta no precisó si el ahorro a las finanzas públicas sería anual. Solo explicó que, en un estudio hecho por la Contraloría, observó que, al 31 de diciembre del 2018, las instituciones del Estado tenían una liquidez de ¢8 billones (23% del PIB), de los cuales solo ¢1,1 billones estaban en la Cala Única, de la Tesorería Nacional.
De los ¢6,9 billones restantes, la Contraloría observó que ¢1 billón podría transferirse de las entidades a Hacienda.
El 50% de ese ¢1 billón se encuentra invertido en títulos de deuda emitidos por Hacienda, por los cuales esa cartera paga intereses.
Otro cuarta parte está invertido en efectivo o inversiones colocadas a largo plazo fuera de Hacienda y la otra cuarta parte restante se encuentra en efectivo en entidades bancarias.
Luego de conocer la iniciativa, el presidente Carlos Alvarado afirmó: “Apoyamos ese planteamiento y pronto estaremos anunciando acciones concretas en esa dirección”.
Algunas de las instituciones que podrían trasferir dinero a Hacienda son la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) y fideicomisos del gobierno que girarían casi¢180.400 millones.
Un segundo grupo está compuesto por las universidades públicas y las juntas de educación, que transferirían unos ¢250.000 millones.
Y un tercer grupo lo integran el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Junta de Protección Social (JPS), la Refinadora Costarricense de Petróleos (Recope), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Estas entidades podrían enviar a Caja Única casi ¢607.000 millones.
“Nuestro país debe darse la oportunidad de explorar nichos donde se puedan generar ahorros, eficiencia y calidad del uso en los recursos públicos”, indicó la titular del ente contralor.
“La centralización de la liquidez genera beneficios para todos los actores. Las instituciones ahorran en comisiones y costos de gestión de cuentas y la Tesorería podría tener acceso a saldos estables de efectivo a un bajo costo o nulo”, añadió.
El traslado de esos recursos no implica que las entidades pierden el derecho a ejecutarlos, explicó Julissa Sáenz, gerente del área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría.
“No hay ninguna dificultad en el uso de esos recursos. Las instituciones siguen siendo las dueñas de estos recursos. La Tesorería pasaría a ser un banco de ellos, en vez de estar con un banco comercial”, expuso Sáenz.
Por su parte, Acosta añadió que ese cambio no afecta los objetivos de las instituciones, ni su autonomía. “Es sencillamente manejo de efectivo”, expuso la contralora.
La diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado, consideró valioso poder trasladar esa cantidad de recursos a la Tesorería Nacional.
“En especial porque nunca se ha realizado un análisis profundo sobre la revisión de los destinos que se generan sobre transferencias y vemos, en algunos casos, como se mantiene el grueso sin una ejecución importante en las instituciones”, explicó la liberacionista, quien además es presidenta de la comisión.
Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), le consultó a la contralora si su propuesta podría afectar indicadores que él considera sensible como inflación o tasas de interés del país.
Acosta indicó que probablemente no.
Por su parte, Sáenz dice que no ve que esos traslados puedan afectar de forma directa la inflación: “En el tema de tasas de interés más bien sería de forma positiva para el gobierno, porque tendría acceso a un saldo de efectivo a un costo más bajo o nulo, eventualmente”.
Acosta descartó, además, que la propuesta pueda afectar la rentabilidad de instituciones autónomas que tienen esos recursos ganando intereses en otro lado.
“Es que los fondos se transfieren para lograr objetivos, no para tener inversiones”, respondió Acosta.
Por su parte, la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, consultó si la medida podría afectar la agilidad en el uso, en caso de emergencia, de algunos recursos de la CNE.
La titular de la CGR afirmó que podría depende cómo se regularía ese aspecto. “A mí me parece que es bastante ágil, pero podría hacerse alguna regulación al respecto, dependiendo de las condiciones, riesgos o situaciones particulares que pueda tener la Comisión”, expuso Acosta.
Por su parte, ante la consulta de Welmer Ramos, legislador del PAC, de por qué más recursos no pueden ser depositados en Caja Única, la contralora explicó que los que quedarían fuera tienen limitaciones legales y constitucionales para hacer el cambio.