Las más de un centenar de demandas que enfrenta la Contraloría General de la República (CGR) la obligó, en noviembre, a aumentar de 12 a 30 el número de abogados que se dedican a atender los juicios.
En este momento, la reforzada área de litigios de la Contraloría le hace frente a 106 procesos planteados ante los tribunales contenciosos. El año anterior la cifra llegó a 114.
El 50% de los casos corresponde a funcionarios públicos que intentan evitar la sanción impuesta por la Contraloría, como resultado de un procedimiento por eventuales malos manejos de fondos públicos.
Empresas que se sienten afectadas por el resultado de contrataciones representan el 43% de las demandas.
Instituciones públicas contribuyen a engrosar los conflictos judiciales en un 7%, entre ellos el que planteó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Para Marta Acosta, contralora general de la República, la situación no es un buen síntoma.
En su criterio, hay un abuso de los mecanismos que tienen los ciudadanos para defender sus derechos. Esas demandas no solo retrasan la aplicación de sanciones, sino que, en ocasiones, también pueden dejar en suspenso obras públicas.
“Esta judicialización del control tiene desde razones legítimas, que son parte de un sano ejercicio en un Estado de derecho, hasta las que obedecen al intento de salvaguardar intereses particulares, lucrar con un litigio o hasta sangran a la hacienda pública”, aseveró.
A la jerarca, también le preocupa el desgaste para la Contraloría y otras instituciones que tienen que dedicar recursos a defender sus actos. En el caso de los 30 abogados que tiene ahora en juicios, muchos se dedicaban a funciones de fiscalización de fondos públicos.
Incluso, Acosta cree que demandar a la Contraloría se ha convertido en un nicho de trabajo para muchos abogados privados.
Sin embargo, para la la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, el crecimiento de demandas es consecuencia predecible de la reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo, de 2008.
Motivos. Entre los sectores que la Contraloría considera más “sensibles” ante sus decisiones están las empresas constructoras que compiten por los proyectos de obra pública, y el Grupo ICE, con quien sostiene diferencias.
Rándall Murillo, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, cree que en gran medida los reclamos no se derivan de acciones de la Contraloría.
El “pecado original”, dice, está en “el pésimo diseño de los carteles de licitación”, que carecen de reglas claras y con frecuencia incluyen “condiciones ridículas”.
Según Murillo, eso ocurre, sobre todo, con los carteles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Eso ocasiona una gran cantidad de reclamos, desde apelaciones al cartel y rechazos a procesos de adjudicación que llegan al nivel de la Contraloría”, dijo.
Impunidad. Diputados como Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), comparten la preocupación de la contralora.
“Recurrir a herramientas formales para impedir sanciones conducen a una palabra terrible: impunidad”, manifestó Solís.
Según Redondo, el ataque a la Contraloría es otro camino para evadir responsabilidades. “Al final, nadie es culpable de nada”.
Para el legislador libertario, Otto Guevara, las demandas que no tienen “ni pies, ni cabeza” son las que vienen de las propias instituciones del Estado. Citó la queja que Recope presentó y, año y medio después debió retirar por orden del Poder Ejecutivo. De aquellas que presentan las empresas privadas, afirmó el congresista, no hay escapatoria porque están en su derecho.