Aunque la Contraloría General de la República (CGR) no se atreve a considerar que los fideicomisos públicos sean una mala opción para desarrollar proyectos de infraestructura, sí reveló la existencia de descontrol en el pago de comisiones y subutilización de dinero proveniente de este tipo de contratos.
Marta Acosta, contralora general, destapó la existencia de costos “ocultos” en los fideicomisos públicos, sean de administración o de obra pública.
Este sistema lo usa el Estado para construir carreteras, puentes, puertos, hidroeléctricas, edificios o hasta colegios.
Acosta presentó un informe ante los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público, en diciembre, donde señaló deficiencias en los mecanismos para el diseño de los contratos de fideicomisos y la falta de supervisión para determinar el porcentaje de las comisiones respectivas.
Aunque la Contraloría no cuantificó estos costos, reveló que provienen de la impericia del administrador del fideicomiso (fiduciario) o del aprovechamiento que este hace de los rendimientos del patrimonio, en beneficio propio.
También, hay costos generados en los atrasos por la realización de las obras, o porque los roles del fideicomiso no están bien definidos en el contrato.
“La razón de estos costos ocultos tiene que ver con desconocimiento, imprevisión, improvisación o falta de idoneidad de los fiduciarios”, dijo Acosta.
Añadió que no existe una metodología para determinar las comisiones que se le pagan al fiduciario, sino que se determina como porcentaje sobre el patrimonio fideicometido, como comisión fija o como porcentaje de los rendimientos percibidos por la gestión de recursos.
Pagos de más. La Contraloría encontró que incluso aunque el fiduciario no desarrolle funciones, se le pagan comisiones como si lo estuvieran haciendo. Según los datos de la CGR, entre el 2014 y el 2015 se pagó, por mes, ¢535,6 millones a cinco entidades bancarias por la administración de fideicomisos de obra pública.
Acosta explicó que, a julio del 2016, había ¢35.547 millones depositados en la Caja Única del Estado (28,6% de los fideicomisos públicos), por los cuales se paga ¢267 millones por comisiones al fiduciario aunque no los administre.
La figura del fideicomiso, regulada por el Código de Comercio, establece la posibilidad de que una persona física o jurídica (fideicomitente) establezca un contrato con un administrador (fiduciario, puede ser un banco) para que este administre recursos, los invierta y desarrolle obra pública o ganancias en beneficio de un tercero (fideicomisario).
Entre las acciones que la contralora considera que se deben tomar para reducir los costos de los fideicomisos, están la de mejorar la eficiencia de la estructura, así como la transparencia en el manejo de estas figuras.
Para el presidente de la Comisión sobre Gasto Público, Mario Redondo, Acosta da en el clavo sobre “anomalías importantes” en los contratos de fideicomiso, pese a que se han considerado últimamente la “pomada canaria” para resolver los atrasos en obra pública.
“Tienen problemas importantes, pero se han venido manejando con mucha ligereza”, comentó el diputado cartaginés.
Ottón Solís, miembro de ese foro parlamentario, cree que los fideicomisos son una ficción que solamente elude los problemas de eficiencia estatal y que, además, deja en el camino montones de comisiones que incrementan los costos de las obras.
“En lugar de corregir el problema, la eficiencia del Estado, se inventan figuras y dejan plata regada por todo lado, pero, al final, son los usuarios los que pagan”, manifestó Ottón Solís.