Marta Acosta, contralora general de la República, encaró a los diputados de la Comisión de Hacendarios. Sin titubeos, ella disparó contra los incrementos en los salarios públicos, pues dijo que están por encima de la inflación.
La contralora presentó a los legisladores el informe técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 2015, que establece un permiso de gastos por ¢7,9 billones.
Acosta afirmó que el gasto estatal en las remuneraciones es uno de los más fuertes disparadores del gasto e instó a los congresistas a que revisen el régimen de empleo público integralmente.
El plan de gastos del Gobierno para el próximo año autoriza el gasto de ¢2,29 billones (millones de millones) en remuneraciones, un 28% del Presupuesto Nacional. Ese gasto subió un 9,9% en relación con el gasto autorizado para este año.
En agosto, precisamente, el Poder Ejecutivo aprobó un aumento salarial para el sector público de entre 4% y 5,14%.
La funcionaria comentó que el déficit previsto para el próximo año, de 6,7%, obliga a buscar medidas para racionalizar el gasto.
Para la liberacionista Paulina Ramírez, la propuesta de la contralora está muy a tono con la visión de Liberación Nacional (PLN).
Sin embargo, considera que la propuesta para revisar el empleo público debe venir de parte del Poder Ejecutivo.
“Para enfrentar el déficit, hay que atacar todos los disparadores del gasto y el principal es la remuneración”, dijo la verdiblanca.
En el Frente Amplio, el legislador José Ramírez duda del criterio de Marta Acosta, pues aseguró que ya se han malinterpretado los criterios sobre la subejecución de las universidades.
“Quiero ver el fundamento, un estudio para tomar una posición. Es muy difícil opinar solo con escucharla”, dijo el frenteamplista.
Desequilibrio. La contralora Acosta presentó ayer, en la Comisión de Hacendarios, el informe técnico sobre el Presupuesto del 2015, donde recomienda la revisión a los salarios del sector público.
Pero el informe también señala que hay un desequilibrio en el plan de gastos del Gobierno, principalmente porque, ilegalmente, se financia un 26% del gasto corriente con deuda, según dijo Acosta.
El artículo 6 de la Ley de Administración Financiera prohíbe que los gastos en salarios y compra de bienes, por ejemplo, se financien con deuda. Además, el 47% de los ingresos del Presupuesto Ordinario se hacen con deuda pública.
Recortes. En cuanto a los recortes, Marta Acosta reiteró que hay cuatro escenarios de recorte sobre la subejecución histórica del Gobierno Central: el primero es la rebaja del 100% de la subejecución; el segundo, reduciendo un 75%; el tercero, bajándolo al 50% y la cuarta opción, disminuyendo un 25% de lo subejecutado.
La contralora dice que, de recortarse los montos totales de subejecución, solo en gastos corrientes se podrían ahorrar ¢118.000 millones.
Al tiempo que José Ramírez, del FA, se queda con los recortes de ¢40.000 millones al Presupuesto que planteó su partido, la liberacionista Paulina Ramírez dijo que están negociando con otros partidos una moción para reducir el gasto, considerando la subejecución.
El diputado del PAC Ottón Solís, principal impulsor de los recortes y presidente de Hacendarios, aseveró que el criterio de Acosta le da fuerza a su intención de rebajas.
“Todo lo que propongo se basa en esa información técnica de la Contraloría. La recaudación tributaria se estancó en el 13% del producto interno bruto (PIB) y los gastos van por el 20% del PIB”, dijo.
Ayer, el presidente Luis Guillermo Solís insistió en que discrepa del diputado Solís. “Está haciendo el trabajo que considera que tiene que hacer y en eso discrepamos”, dijo el mandatario.