Marta Acosta, contralora general de la República, advirtió a los diputados de que el proyecto de reforma a las pensiones del Poder Judicial es insuficiente para garantizar su sostenibilidad financiera.
Ante la Comisión Especial de Pensiones, Acosta declaró que los efectos del proyecto serían mínimos: "Nuestro criterio, sin ser expertos actuariales, es que tendrían un efecto marginal, porque las variables que están afectando la sostenibilidad futura del régimen de pensiones del Poder Judicial están cambiando poco o no están cambiando (en el plan de ley)".
Según la contralora, el Estado le aporta a los cotizantes del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial más de lo que le aporta a cualquier otro trabajador: una cifra mensual equivalente al 15% del salario. Así ocurre porque el Poder Judicial, que se financia con el Estado, desembolsa un 13,75% como patrono de los empleados judiciales y, adicionalmente, el Gobierno otorga otro 1,2% de "aporte estatal".
Al resto de la población, en cambio, el Estado solo les concede el equivalente a un 6,32%, dijo la jerarca, en el caso del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Acosta, a su vez, recordó que un voto de la Sala Constitucional declaró que no "no debe haber una contribución del Estado (como tal y como patrono) que sea excesivamente desigual a otros regímenes".
La reforma a las pensiones del Poder Judicial (expediente 19.922), que hoy alcanzan hasta ¢9 millones por persona, propone cambios en la fórmula para calcular el monto de la pensión y en la edad de jubilación, así como la imposición de un monto máximo a las futuras jubilaciones y la fijación de una contribución solidaria para los pagos que hoy pasen por encima de ese tope.
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- En cuanto al cálculo de la pensión, hoy la Corte otorga el promedio de los mejores 24 salarios, mientras que el IVM, el promedio de los últimos 240. La reforma mantendría el cálculo actual a quienes tengan más de 20 años de laborar y lo reduciría para el resto, de manera gradual según la antigüedad, hasta otorgar el promedio de los últimos 120 salarios a los nuevos.
- En cuanto a la edad de jubilación, hoy se pensionan entre los 55 y los 62 años. El proyecto fijaría 62 años para los hombres y 60 para las mujeres, pero el Partido Acción Ciudadana (PAC) quiere elevarlo a 65 para todos.
- El tope sería de ¢4,7 millones para las futuras pensiones.
- La contribución solidaria sería de un 20% sobre el monto que se exceda a partir del tope establecido, con la posibilidad de subirlo a un 50% si un estudio actuarial demuestra que es necesario.
En cuanto a la contribución solidaria, la contralora dijo que su efecto sería marginal porque solo afectaría a unas 29 personas que reciben montos superiores a los ¢4,7 millones, según datos del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
El criterio de la Contraloría General de la República (CGR) también es negativo sobre la intención de que el impuesto sobre la renta se pague sobre el ingreso de cada cotizante, una vez que se les aplicaron las demás reducciones legales, pues aseguró que, en los demás regímenes, ese tributo se calcula sobre "la renta total percibida mensualmente por el trabajador", tal como lo estipula el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Acosta explicó que la opinión de la CGR se emite desde el punto de vista de los efectos en la Hacienda Pública, luego de haber hecho una comparación con otros regímenes jubilatorios.
Alertó, asimismo, que un transitorio pospone los efectos de la reforma legal a un largo plazo, pues excluye a los trabajadores que tienen más de 20 años en el Poder Judicial y otorgaría cambios cosméticos a los que tienen entre 0 y 20 años a la entrada en vigencia de la reforma.
A pesar de sus observaciones, Marta Acosta no dejó de advertir, además, que solo se pueden plantear modificaciones a ese régimen jubilatorio a la luz de estudios técnicos actuariales que así lo determinen.
Supén: mínimo impacto. Además del criterio de la Contraloría General, la Superintendencia de Pensiones (Supén) estableció que el impacto de la contribución solidaria sería minimo, porque solamente afectaría a cerca de 150 empleados judiciales, de los 12.500 existentes.
"Ese tope siempre ayuda con un concepto solidario y genera algún nivel de retorno, pero es un retorno que genera 2% o 3% del hueco (en el régimen de pensiones)", aseguró Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones.
A pesar de esto, Ramos apoya que se genere ese aporte solidario y que se fije un tope a las pensiones de lujo del Poder Judicial.
En este sentido, el superintendente coincidió con la contralora en el sentido de que la fijación del tope es solamente un ajuste mínimo, pues como mecanismo para generar sostenibilidad, "es muy limitado".
Para Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), entre los diputados de la Comisión de Pensiones existe el mismo sentimiento de que las reformas propuestas por los gremios judiciales no son determinantes para asegurar la sostenibilidad del régimen.
"Los cambios tienen que ser más radicales en términos de la edad de retiro, años trabajados, aportación al fondo y el aporte estatal. Ese aporte estatal, al fin y al cabo, sale de la misma bolsa, entonces hay que revisarlo", dijo la liberacionista.
A juicio de Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), ya el Poder Judicial se lleva una buena tajada del Presupuesto Nacional, más incluso de lo que constitucionalmente se establece.
"La contralora es contundente al comparar regímenes. Me parece que coincide con nosotros en que hay que aumentar la edad de retiro y los salarios de referencia. También, me parece que recomienda evaluar el tope y el hecho de que las personas que hoy sostienen el régimen jubilatorio no se verían beneficiadas en el futuro", dijo la oficialista.