El Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) solicitó al Gobierno respetar los derechos fundamentales y el debido proceso que, por décadas, han caracterizado a Costa Rica, con el fin de garantizar la seguridad jurídica. El pronunciamiento surgió ante la forma urgente como el Ministerio de Salud cerró el Parque Viva tras los ataques del presidente de la República, Rodrigo Chaves, al periódico La Nación.
“La Junta Directiva del Consejo de Promoción de la Competitividad solicita al Gobierno de la República y a sus instituciones competentes extremar el cuidado en la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso, derechos constitucionales de nuestro Estado de derecho. Esta es la única manera de proteger la libertad de empresa y la seguridad jurídica que históricamente han sido defendidas en nuestro país y reconocidas”, expresó el órgano.
Las declaraciones de la Junta Directiva del CPC se produjeron la tarde de este lunes, mediante un comunicado de prensa, el cual recalcó el papel de Costa Rica en la protección de los derechos fundamentales.
Según informó este martes la oficina de prensa del Consejo, su motivación fue “una serie de arbitrariedades del Gobierno de la República”, ocurrida en los últimos días, que pone en “riesgo” inversión nacional y extranjera.
El Consejo de Promoción de la Competitividad es una entidad privada que nació en el 2011. Su tarea es contribuir a la construcción de mayor prosperidad, a través de un ambiente nacional que fomente la productividad, la innovación y la competitividad. Dentro de las empresas miembros de esa organización destacan trasnacionales como Amazon, Sykes, Walmart, IBM, Coca Cola, Deloitte y Boston Scientific, entre otras.
En su comunicado, la entidad destacó que, en el 2020, Costa Rica fue catalogado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como la nación con mejor protección a las garantías fundamentales.
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El informe destacó al país por su aplicación efectiva de la Ley y el debido proceso, así como la adhesión y el respeto a una gama de derechos humanos y laborales básicos establecidos por el derecho internacional.
Según el informe de la OCDE, uno de los principales desafíos para la región latina, desde la década de los 80, ha sido consolidar y fortalecer los valores democráticos, siendo Costa Rica un caso de éxito, ya que el país ha garantizado un trato justo por parte de las instituciones y un acceso igualitario a la justicia.
“El Consejo de Promoción de la Competitividad llama la atención sobre la importancia del proceso democrático, del Estado de derecho y de la objetividad en la aplicación de las leyes, así como el debido proceso como elementos esenciales para promover las inversiones, nacionales o extranjeras, y asimismo sobre la extraordinaria relevancia de preservar estos valores a fin de ofrecer una sólida confianza en el país y sus instituciones, generando seguridad jurídica para las empresas que invierten en Costa Rica”, agrega el pronunciamiento.
La organización sostuvo que su posición siempre será la de defender los principios del Estado de derecho que han sido considerados por la OCDE como universales.
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