Los diputados aprobaron en el Segundo Presupuesto Extraordinario del 2015 una primera partida para comprar las tierras inundadas por la acción de un finquero en Caño Blanco de Guatuso, en 1998.
A petición del ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, presentó una moción para autorizar a esa entidad un gasto por ¢2.000 millones, aunque el total sería por ¢7.000 millones.
Gutiérrez explicó que la cifra surgió de una estimación de acuerdo con los precios de la tierra en esa zona, pero que finalmente se pagaría lo que los peritos del Ministerio de Hacienda definan tras los avalúos.
Aunque la erogación fue incluida en el Presupuesto de este año, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), no estuvieron de acuerdo en aprobarla.
Según Guevara, el Estado no debería asumir ese costo sin que haya antes un proceso judicial que determine si se debe pagar por las tierras.
El ministro defiende la posición de comprar las fincas, antes de que un juez de lo contencioso determine que se debe pagar también una indemnización ante los daños a las fincas y los montos dejados de percibir por la producción perdida.
El oficialista Ottón Solís es de la misma tesis que Guevara, pues adujo que el Congreso no puede aprobar beneficios para una lista mínima de personas, por medio de una ley singular.
Araya defendió el gasto, pues consideró que ahora los terrenos solamente son aptos para la conservación y, aunque ya productivamente no valen nada, ambientalmente sí.
“Si esto va al Contencioso, el Estado podría tener que pagarles entre ¢15.000 millones y ¢20.000 millones. ¿Por qué exponer al Estado?”, aseguró el legislador frenteamplista.
Para Solís, entre los eventuales beneficiarios del pago por las tierras podría haber empresarios agrícolas, lo cual hace la adquisición de las tierras de dudoso interés para el Estado.
Edgardo Araya defendió la precaria situación de los afectados, quienes no han podido extraer los beneficios de las fincas luego de la inundación causada por los intereses particulares de un finquero. El ministro prevé continuar con el pago hasta comprar todas las tierras.