Diputados de cinco fracciones legislativas se unieron para llevar el conflicto sobre los retiros del veto a la Reforma Procesal Laboral a los terrenos de la Sala Constitucional.
Se trata de 21 legisladores de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario, Restauración Nacional y la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
El bloque planteó dos acciones de inconstitucionalidad distintas: la primera contra una decisión en el 2013 de la entonces presidenta Laura Chinchilla y, la segunda, por otra del mandatario Luis Guillermo Solís.
En el caso de Chinchilla, ella vetó la Reforma Procesal Laboral en octubre del 2012, al alegar razones de conveniencia y de inconstitucionalidad. Sin embargo, en mayo del año pasado, la gobernante retiró sus objeciones por el segundo punto, en una carta enviada al Congreso.
Solo mantuvo sus discrepancias sobre el permiso creado en la reforma para las huelgas en servicios públicos esenciales.
El legislador del PLN, Juan Marín, estimó que ese retiro hecho por Chinchilla fue inconstitucional, además de que los diputados de ese momento no procedieron como lo establece la Constitución, pues no consultaron el veto original ante la Sala.
El otro reclamo del bloque opositor va en contra de la decisión tomada la semana pasada por el presidente Luis Guillermo Solís, de levantar el veto de Chinchilla.
Sobre esto, el diputado Mario Redondo, de la ADC, señaló que con la acción de inconstitucionalidad buscan hacer respetar las competencias legislativas, pues una comisión dictaminadora del Congreso ya había emitido tres informes sobre el veto original.
Marín fue más allá y añadió que Solís “secuestró” la Reforma Laboral, al levantar el veto pocos días después de convocar el proyecto a sesiones extraordinarias.
División de poderes. Para el socialcristiano Gerardo Vargas, lo que hizo Solís “irrumpe” en la división de poderes. Por eso, los opositores reclaman una violación al principio constitucional de la especificidad de las funciones de cada poder del Estado.
La intención principal de ambas acciones es traerse abajo la decisión de levantar el veto y, a la vez, cerrar la posibilidad de huelgas en hospitales, Policía, transportes y en la prestación de servicios como agua y luz.
Pendientes. La Reforma Laboral entraría en vigor en 18 meses y el Gobierno espera que los diputados más bien usen ese tiempo para reformar la ley.
Mientras, pretende aplicar un reglamento sobre las huelgas ilegales en servicios esenciales, que establece un procedimiento para que esos servicios continúen en caso de un paro de labores.
Daniel Soley, viceministro de la Presidencia, reconoció que los legisladores tienen el derecho de acudir a la instancia constitucional, pero insistió en que el presidente actuó acorde a las posibilidades legales vigentes.
Desde agosto, los magistrados mantienen en estudio otra acción presentada contra la decisión de Solís, en julio, de anular el veto impuesto en el 2009 por el entonces mandatario Óscar Arias, a la ley que entrega la calle 13 bis de San José a un grupo de artesanos que operan en el lugar.
La Procuraduría General de la República consideró que ese acto fue inconstitucional.