Tres diputados recomendarán este lunes al Congreso si deben destituir o no al magistrado de la Sala Primera, Óscar González, a quien la Corte Plena encontró responsable de abuso sexual contra la jueza Priscilla Quirós quien era su subalterna.
Esto recomendación la harán a pesar de que la Sala IV ordenó al Congreso abstenerse de decidir si destituye o no al funcionario, hasta que resuelva un recurso de amparo presentado por este. González alega que "la Constitución Política no autoriza a la Asamblea Legislativa a destituir a un miembro de los supremos poderes por motivos disciplinarios".
Además, el magistrado señaló en el recurso que “no se pueden crear, ni por reglamento, ni por acuerdo especial del plenario, procedimientos sancionatorios para un caso en específico”.
El liberacionista Antonio Álvarez Desanti, integrante de la comisión legislativa, junto con la libertaria Carmen Quesada y el frenteamplista Edgardo Araya, dijo que el Congreso solo está inhabilitado de poder someterlo a votación.
"La comisión no paralizó el trabajo. Sesionamos ayer alrededor de 12 horas y requerimos seis horas para deliberar. La decisión de la comisión ya está tomada y este lunes a las 10: 30 a. m. la daremos a conocer. Tras el informe, el plenario podrá someterlo a discusión, lo que no puede es votarlo hasta que la Sala no resuelva el recurso. A partir del martes, con el expediente en mano, el Congreso podrá discutirlo", explicó Desanti.
Sobre el recurso de amparo presentado por el magistrado, el liberacionista dijo que lo que él hace es reiterar temas que la Sala ya ha discutido.
"Supongo que como es un tema que ya se ha discutido, la Sala no va a durar mucho tiempo en deliberar. Si al momento de la votación, la Sala no ha tomado una decisión, esta se suspende. El órgano tiene que saber que está en sus manos que el plenario pueda ejercer su votación", explicó Álvarez.
En la vía penal, la Fiscalía acusó al magistrado de seis delitos de violación y uno de tentativa de violación contra la denunciante, Priscila Quirós, quien labora en un juzgado contencioso-administrativo y tuvo una relación con el juez en el pasado. La Asamblea Legislativa también debe decidir si levanta la inmunidad al magistrado.