A partir de ahora, los ciudadanos tendrán que pagar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la reposición de su cédula de identidad. El cobro se hará en la segunda solicitud de reposición –o siguientes– que hagan el mismo año calendario.
Así lo establece un proyecto de ley aprobado por 39 diputados en segundo debate, este martes. El texto lo propuso la liberacionista Silvia Hernández, el cual busca disminuir el costo de emitir ese documento.
Solo en el 2021, el TSE recibió 270.878 solicitudes para reponer cédulas por deterioro, extravío o robo, además de cambio de datos del ciudadano o traslado de domicilio electoral. El gasto entre enero y agosto de ese año fue de ¢1.156 millones.
El costo del documento de identidad lo tendrá que establecer el TSE cada año, según lo que represente para la institución.
El dinero que se recaude por la reposición de las cédulas se depositaría en la cuenta de la caja única de la Tesorería Nacional, en el Fondo Específico del TSE, y se podría usar para el mejoramiento de los servicios públicos que presta el Tribunal.
A las únicas personas a las que no se les cobraría la cédula son las que tienen discapacidad, los adultos mayores, población indígena y la población en cárceles.
También se le permite al TSE establecer otros casos de excepción, por ejemplo, por criterios de pobreza extrema y desempleo de los solicitantes.
La ley aprobada no autoriza cobrar la reposición de la cédula en el plazo de dos meses antes de las elecciones nacionales para elegir presidente y vicepresidentes de la República, o diputados, ni antes de las elecciones municipales.
Como reposición se consideran las solicitudes del documento cuando hay deterioro, extravío, robo o hurto del documento de identidad.
Específicamente, hubo 26.156 solicitudes por robo del documento y 166.806 por extravío, además de 63.595 solicitadas por deterioro, 13.252 por cambio de datos, mientras que 1.069 se dieron por traslado electoral.
De acuerdo con los cálculos planteados por Silvia Hernández en la exposición de motivos del proyecto, de cobrarse la cédula que se repone solo por extravío, robo o deterioro, el Estado podría ahorrarse cerca de ¢1.734 millones al año.