La presidenta Laura Chinchilla no se refirió ayer a las críticas de diputados sobre las debilidades del plan de reforma al Sistema de Banca para Desarrollo (SBD).
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es que propone bajar la pena a los bancos privados que no aporten plata para financiar microempresas.
Para los legisladores independientes, Luis Fishman y Patricia Pérez, esto pondría poner en riesgo el financiamiento del Sistema.
Los congresistas además señalan el aumento en los gastos administrativos, el que se permita a microfinancieras titularizar sus carteras y colocarlas en el SBD y que se flexibilice la regulación local sobre la “banca maletín” .
La mandataria no quiso hablar de los cuestionamientos.
“Lo único que voy a decir es que yo di un mensaje muy fuerte y contundente esta semana, de verdad desesperada, porque de la banca del desarrollo dependen miles de miles de pequeños agricultores y las discusiones han sido tan eternas que ha costado llegar a buen puerto”, dijo ayer durante una gira en Varablanca.
Chinchilla instó a los legisladores para que este fin de semana cierren las discusiones y aclaren las dudas que tengan que aclarar.
Asimismo, pidió “a quienes tienen intereses particulares y que se están interponiendo en este asunto para que se pongan la mano en el corazón” y ayuden a avanzar con el trámite de la reforma.
Cambio urge. La ministra de Economía, Mayi Antillón, también salió en defensa del proyecto de ley.
“La reforma sí es necesaria para financiar a aquellos pequeños y medianos emprendedores pobres que no tienen oportunidad de solicitar préstamos en la banca comercial”, aseguró la ministra en declaraciones a ADN Hoy .
Por ley, los bancos privados están obligados a destinar parte de sus captaciones al financiamiento de proyectos productivos.
Esto lo pueden hacer trasladando, como un préstamo, un 17% de sus captaciones a un mes a los bancos estatales para que estos otorguen créditos a microempresas.
La otra vía es mediante el financiamiento directo a proyectos de banca para el desarrollo. En ese caso deben destinar, al menos, un 10% de sus captaciones.
Si incumplen con estas obligaciones se exponen a una suspensión de sus actividades hasta por 15 años. La iniciativa de ley propone cambiar esa sanción por una multa equivalente a la tasa básica más cuatro puntos porcentuales sobre los montos no transferidos.
La medida, justificó la jerarca de Economía, busca penas razonables que no pongan en riesgo al sistema financiero.
Entre tanto, Gerardo Corrales, gerente general del BAC San José, calificó de irracional y sin ningún fundamento económico y ético suponer que un banco va a estar pagando multas por no cumplir con los lineamientos de banca para el desarrollo.
“Además, el que haya leído bien el proyecto, sabe que no hay forma de prestar a otras actividades, pues aquello que no se coloque por los bancos privados en mipymes, se traslada a los bancos estatales para que ellos lo coloquen”, aseguró el banquero.