Rodrigo Chaves, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, faltó a la verdad al decir que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público fue sacado de la manga para que el Gobierno alcanzara un acuerdo de ajuste fiscal con el FMI.
La realidad es que este plan lleva casi tres años de extenso trámite en la Asamblea Legislativa y entró al Congreso mucho antes de que el Poder Ejecutivo contemplara la posibilidad de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha sido objeto de una amplísima discusión entre fracciones políticas y ha pasado dos veces por el filtro de la Sala Constitucional.
La travesía del expediente 21.336 empezó en abril del 2019. Su expediente suma miles de páginas de consultas y respuestas institucionales, centenares de mociones y decenas de horas de discusión tanto en la Comisión de Gobierno y Administración como en el plenario legislativo.
Sin embargo, durante un conversatorio con la Asociación de Sindicatos de Profesionales de la Salud (Asipros), Chaves les dijo a los gremios que esa ley “se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
También argumentó, ese día, que esta ley no va a pasar y, si pasa, “habría que vetarla”. Todo eso lo adujo Chaves ahora, como candidato, a pesar de que hace dos años, como ministro de Hacienda, abogó por ese mismo proyecto en el propio plenario legislativo.
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¿Cómo nació el plan de empleo público?
En agosto del 2018, el Poder Ejecutivo alcanzó, junto con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), un acuerdo para presentar un anteproyecto de reforma integral al empleo de todo el sector público y a entregar al Congreso la versión definitiva en el primer trimestre del 2019.
Liberación, encabezada entonces por Carlos Ricardo Benavides, se comprometió, en ese momento, a apoyar el plan fiscal para equilibrar las finanzas públicas. La reforma al empleo público fue vista como una necesidad para evitar que el país sufriera, de nuevo, un descontrol en los salarios públicos por el sistema de pluses salariales que crecen con el tiempo.
El corazón del proyecto es sustituir el sistema de sueldo con incentivos por el salario global.
También hubo fuertes presiones por una reforma al empleo público desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en paralelo al trámite del plan fiscal.
El proyecto se presentó formalmente el 8 de abril del 2019, y se publicó un mes después en el diario oficial, La Gaceta. Para ese momento, los trámites legislativos se regían por reglas diferentes, que hacían más lento el camino en comisión.
La Comisión de Gobierno realizó dos periodos de consultas a prácticamente toda la institucionalidad del país, entre mayo y julio del 2019, sobre el texto base del expediente.
Entre los consultados estuvieron todas las municipalidades, los ministerios, los bancos públicos, las instituciones autónomas, colegios profesionales y, finalmente, sindicatos y cámaras empresariales.
Todo ese proceso se realizó un año y medio antes de que el Ejecutivo empezara conversaciones con el FMI y un año antes de que entrara en el país el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid-19 que empujó Costa Rica a una crisis fiscal inédita.
El plan, además, existía incluso siete meses antes de que Chaves asumiera como ministro de Hacienda de Carlos Alvarado. El actual candidato entró tras la salida de Rocío Aguilar de ese cargo.
En febrero del 2020, durante una interpelación en el plenario, Rodrigo Chaves anunció a los diputados la presentación de una nueva versión del plan de empleo público, que calificó como una reforma estructural fundamental.
Texto sustitutivo
Luego de hechas todas las consultas oficiales y luego de un ciclo de conversaciones que llevaron adelante diputados como Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Carlos Ricardo Benavides, del PLN, en paralelo, con los sindicatos, se presentó un texto sustitutivo, el 16 de junio del 2020.
Esa nueva versión fue puesta a consulta, nuevamente desde la Comisión de Gobierno, a municipalidades, ministerios, sindicatos, instituciones autónomas, colegios profesionales y cámaras empresariales, tres meses antes de que empezaran las conversaciones con el Fondo.
Si de consultas oficiales a toda la institucionalidad, pública y privada se trata, todavía el proyecto fue sometido a un tercer proceso desde el plenario de la Asamblea Legislativa, entre mayo y julio del 2021, tal como consta en el expediente físico y digital de la iniciativa y en el sitio web de la Asamblea Legislativa.
Sobre el proyecto se emitieron, adicionalmente, dos informes preparados por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Todos los proyectos de ley tienen un plazo para que se dictaminen en la comisión donde estén. En el caso del plan sobre empleo público, ese plazo se venció el 22 de octubre del 2020, y se dictaminó afirmativamente el 10 de noviembre del 2020.
En ese momento, comenzó un extenso periodo de discusión y análisis por el fondo, oficialmente conocido como trámite de primer debate, que aún no concluye.
El acuerdo con el FMI fue firmado el 22 de enero del 2021 y este incluyó el plan de empleo público como la principal medida de contención de gasto.
Millar de mociones, decenas de horas de discusión
Por si no fuera poco ya el debate y análisis que se habían dado en la Comisión de Gobierno, donde se estudió el expediente, el 21 de enero del 2021 el proyecto empezó un largo proceso que aún no termina.
Ese mes, se presentó un primer paquete de 350 mociones de fondo, presentadas por diputados de prácticamente todas las banderas políticas, enviadas al foro de Gobierno. El informe sobre este trámite regresó al plenario el 4 de febrero del 2021.
Catorce días después, el plenario envió un segundo paquete de mociones, para el segundo día de reformas por el fondo que permite el artículo 137 del Reglamento legislativo. El informe sobre esas mociones entró al plenario en marzo.
En total, la comisión dictaminadora tramitó 775 mociones de fondo, de las que se aprobaron 146, y todavía en plenario los congresistas pudieron reiterar 352 mociones que habían sido rechazadas en el foro de Gobierno.
El primer debate se dio el 17 de junio del 2021 y una semana después se presentó una consulta facultativa a la Sala Constitucional, cuya respuesta se emitió en agosto del año pasado, con varios señalamientos de vicios en el fondo del plan. Se declaró inconstitucional la rectoría del Ministerio de Planificación sobre instituciones autónomas y entidades con independencia en materia de empleo público.
Los diputados procedieron a eliminar la rectoría del Mideplán sobre esas instituciones, pero dejando claro que estas sí deberán aplicar el salario global, lo cual la Sala IV consideró válido.
Resueltos esos vicios por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, el plenario acogió las recomendaciones de ese foro el 8 de noviembre, para que el proyecto se votara en primer debate, nuevamente, un mes después, el 7 de diciembre.
Los opositores al plan para reducir el gasto público que significan las remuneraciones de los funcionarios, presentaron una nueva gestión en la Sala IV, esta vez resuelta favorablemente, el 8 de febrero, y cuyo fallo completo aún está pendiente de entrar al Congreso.