El Centro de Conservación del Patrimonio Cultural tiene frenado el proyecto para construir un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, desde febrero pasado.
En ese mes, Patrimonio negó el permiso para iniciar la construcción, con el argumento de que el diseño escogido opacaría la vista de otros edificios legislativos que están declarados patrimonio arquitectónico.
De ejecutarse la megaconstrucción de un nuevo Parlamento, los arquitectos del Centro de Patrimonio también señalan un riesgo estructural sobre otros edificios que son propiedades del Congreso y que están protegidos por la Ley de Patrimonio.
En el documento de rechazo, los expertos de Patrimonio aseguran que el nuevo Congreso opacaría al cuartel Bellavista, sede del Museo Nacional, que también es patrimonio nacional.
El edificio de los diputados albergaría las oficinas de los 57 legisladores. Según el diseño, tiene 25 metros de alto, 170 de largo y 17 de ancho, y se construiría encima de dos edificios que están declarados patrimonio: el edificio principal del Congreso y la Casa Rosada.
Ese edificio constituye la segunda etapa del proyecto de $76 millones para que el Congreso tenga una nueva cara después de 50 años.
La primera etapa fue el diseño de la obra; la tercera será la construcción del edificio legislativo, donde estarán el plenario, las comisiones y otros salones.
Tras el rechazo del permiso formulado por Patrimonio, la Unidad Administradora del Proyecto, que es la empresa Novatecnia, presentó una apelación ante el ministro de Cultura, Manuel Obregón, superior de la oficina de Conservación.
Obregón explicó que, si bien es cierto el país necesita un nuevo edificio legislativo, eso no debe hacerse a costa de “afectar otras edificaciones de valor histórico”.
El ministro de Cultura aseguró que no tiene plazo para resolver la apelación; él terminará su periodo en esa cartera el 7 de mayo.
Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea, no comparte el criterio del Centro de Patrimonio y aseguró que las primeras recomendaciones ya se acataron.
“En días recientes, en una conferencia con funcionarios de Patrimonio y los encargados del proyectos, expusimos los criterios legales para continuar con la obra”, dijo.
El principal criterio que recordó Ayales es el de la Procuraduría General de la República que, en el 2011, detuvo el desalojo de varias oficinas ordenado por la exministra de Salud, María Luisa Ávila. Según ese criterio, no se puede cerrar el Congreso.
El proyecto para construir un nuevo Parlamento fue declarado de interés público por los diputados en el 2012. Antes deben obtenerse los permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).