Una mañana lluviosa de finales de agosto del 2023, agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) irrumpieron en una casa en la Gran Área Metropolitana (GAM) para evacuar a un refugiado nicaragüense que salió del país vecino, en el 2018, huyendo por la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Tenemos información de que puede sufrir un atentado”, le dijeron los agentes y se lo llevaron a una casa de seguridad junto a toda su familia. Apenas tuvieron tiempo de recoger algunas cosas antes de irse.
El refugiado nicaragüense es Joao Maldonado, de 36 años, un ingeniero industrial quien lideró protestas contra el régimen de Nicaragua en abril del 2018 y quien el 11 de setiembre del 2021 sufrió un primer atentado en Bello Horizonte, Escazú, Costa Rica.
Se trata de la misma persona que fue atacada a balazos por dos hombres en motocicleta, este miércoles 10 de enero del 2024, en la calle principal de San Pedro, en Montes de Oca. Él iba en automóvil con su esposa, Nadia Robleto, también nicaragüense, quien igualmente resultó herida. Ambos fueron trasladados en estado crítico al Hospital Calderón Guardia.
“Esas amenazas provienen del régimen de Nicaragua y la dictadura. Las investigaciones del atentado que sufrí en el 2021, según me dicen los agentes, ya descubrieron que vienen de Nicaragua. Y no soy solo yo, en Costa Rica no he sido el primero”, dijo Maldonado en una entrevista en exclusiva con La Nación, el 19 de setiembre del 2023.
“Aquí hay una base del gobierno de Daniel Ortega, hasta donde tenemos información, de gente que estuvo participando en los años 80 aquí, inteligencia del Ejército, la seguridad del Estado, que actualmente está operando aquí en Costa Rica”, agregó.
Detalló que las amenazas las recibió mediante llamadas telefónicas, o bien, por medio de mensajes de audios de WhatsApp. Un periodista de este diario escuchó las grabaciones y tiene copia de ellas.
Aunque la entrevista se realizó en setiembre, este medio no la había publicado a la espera de confirmar las declaraciones de Maldonado. La DIS nunca respondió las preguntas enviadas por correo electrónico, mientras que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, se limitó a responder: “Si es caso de la DIS sería con ellos lo correspondiente”.
La Fiscalía indicó que no tenía ningún expediente abierto relacionado con el caso de Joao Maldonado.
‘Amenazas desde números de teléfono de Nicaragua’
El primer ataque contra Maldonado ocurrió el sábado 11 de setiembre del 2021, las 4:58 p. m. frente a la iglesia evangélica Casa de Alabanza, en Escazú. Él, como coordinador de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) en nuestro país, se encontraba en los preparativos de una manifestación convocada para el día siguiente en San José, el domingo 12, contra el régimen de Ortega.
El atentado ocurrió cuando circulaba en un automóvil por la zona de Bello Horizonte y fue interceptado por una motocicleta de la cual bajó un hombre y abrió fuego en su contra por la ventana.
En total, recibió cinco balazos: uno en el corazón, que le rozó una de las válvulas; otro en la clavícula derecha, un tercero en el estómago y otros dos en el brazo izquierdo que, según él, iban directo al corazón. Pasó más tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital y sobrevivió de milagro.
Tras ese ataque, Maldonado, un exmilitante del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que se rebeló contra su partido durante las protestas del 2018, comenzó a recibir amenazas desde números de teléfono de Nicaragua: “Esta vez no vamos a fallar”, le advertían. Fue atacado a balazos este 10 de enero del 2024.
En setiembre pasado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había confirmado a este diario que el caso estaba “en proceso de investigación” y que, con base en el artículo 295 del Código Procesal Penal, “de momento no se puede brindar la información que solicita”.
Así respondió esa entidad, a través de su oficina de prensa, luego de que La Nación le preguntara sobre las pesquisas en torno al atentado a Maldonado en el 2021 y sobre las nuevas amenazas de muerte.
De previo a esa consulta, el 14 de febrero del 2023, Roy Ruiz, uno de los investigadores que el OIJ asignó para el caso, dijo en conferencia de prensa que, para ese momento no habían “podido dar con el móvil exacto del hecho como tal”, a pesar de las diferentes diligencias.
“Lo que está por establecer la policía judicial es si este ataque está directamente relacionado o no, con las diligencias o con las gestiones que hizo Joao Maldonado contra el régimen de Ortega, ya que es exiliado político desde el 2018″, precisó Ruiz.
El atentado del 2021
Tras el atentado del 2021, según el relato de Joao Maldonado, el Estado costarricense lo protegió por varios meses, luego comenzó a hacer su vida normal. Tenía un trabajo, iba a actividades sociales y caminaba por las calles tranquilamente. Hasta que todo se interrumpió de nuevo.
“Ya habíamos entrado en un proceso (de protección) después del primer atentado y, actualmente, se me ha dicho que hay una amenaza y que tenemos que estar bajo resguardo”, dijo.
Del atentado del 2021, lo que se sabe oficialmente es que ese día, Maldonado era seguido por un pick up rojo y una motocicleta. Así se puede ver en un video que difundió el OIJ, en febrero de este año, de cámaras de seguridad en vías públicas.
En el audiovisual se observa cómo un hombre se baja de la camioneta, aborda la motocicleta como pasajero y continúa con la persecución del vehículo blanco que esa tarde era conducido por Maldonado.
“Disparan inicialmente en su lado izquierdo y, posteriormente de que el vehículo es detenido, ellos se posicionan de frente y siguen disparando en al menos en tres ocasiones, hiriéndolo en su clavícula, en el abdomen y en el antebrazo”, dijo Roy Ruiz, el investigador del OIJ.
Por su parte, Maldonado relató que logró sobrevivir porque él aceleró para embestir al tirador y, de seguido, manejando, llegó hasta el hospital desangrándose.
“Las investigaciones lo que han arrojado es que fue un operativo muy bien planificado, incluyó bastantes recursos, tanto económicos como humanos y, efectivamente, que era gente de Nicaragua. La mayoría de los números son de teléfonos nicaragüenses y algunas personas ya identificadas también son de allá”, denunció en setiembre el opositor al régimen de Ortega.
Su vida en Nicaragua
Hasta abril del 2018, cuando estallaron las protestas contra Ortega, la vida de Maldonado transcurría con total normalidad.
Se había graduado de ingeniero industrial, estaba comenzando una segunda carrera en la universidad de los jesuitas, y era presidente de la federación de sambo (un estilo de lucha libre desarrollado en la antigua Unión Soviética). Viajaba a Rusia a capacitaciones y trabajaba para el gobierno nicaragüense.
Pero todo cambió cuando vio a sus amigos y vecinos de Jinotepe, una ciudad al sur del país, a unos 60 kilómetros de Managua, de donde es originario, levantarse contra Ortega.
La gente comenzó a colocar barricadas en las calles, a los que llamaron tranques, y en las noches eran atacados por policías y civiles armados leales al gobierno, al que los opositores nicaragüenses llaman “paramilitares”. Nicaragua estaba encendida, el país estaba paralizado.
Maldonado dejó de ir a su trabajo en Managua y se quedó acompañando a quienes se habían levantado. Pronto se convirtió en uno de los líderes de las barricadas de Jinotepe.
Para ese entonces, el gobierno nicaragüense ya había puesto a circular una supuesta foto de Maldonado cargando un arma de guerra y acusándolo del asesinato de un simpatizante del oficialismo. Él niega que sea la persona que salía en la foto y la muerte que se le achaca.
Maldonado fue buscado por todos lados por la policía de Nicaragua, pero logró salir y entrar a Costa Rica, en una oleada de refugiados que ingresó huyendo del régimen de Ortega.
Meses después, su papá, Tomas Maldonado, un exguerrillero sandinista y mayor retirado del Ejército, fue apresado y acusado por el gobierno de terrorismo, traición a la patria y otros delitos. Salió de la cárcel mediante una amnistía para morir enfermo en su casa unos meses antes del primer atentado contra su hijo.
La persecución no solamente es contra él, asegura Maldonado, sino contra toda la gente de su ciudad “que logró con los tranques parársele fuerte a la dictadura, exigiéndole pues que saliera del poder y que se restituyera en Nicaragua una democracia”.
Otras denuncias
El caso de Joao Maldonado no es aislado, otros refugiados nicaragüenses también dijeron sentirse perseguidos en territorio costarricense por el régimen de Ortega.
Tal es el caso de Dulce Porras, de 72 años, a quien se le atribuye ser la lideresa de una barricada en las protestas del 2018, en Jinotepe, la ciudad de Joao Maldonado.
“Estamos siendo perseguidos, estamos siendo cazados desde hace un buen rato”, aseveró Porras, quien agregó que en varias ocasiones interpuso denuncias en el OIJ porque se sentía perseguida, pero que las autoridades le dijeron que eso no constituía un delito en Costa Rica.
Otro caso es el de Magdiel Galeano, quien fue sacado de territorio costarricense en el último cuatrimestre del 2023 y reubicado en otro país porque también recibió amenazas.
“Me mandaban mensajes en mis redes sociales y por teléfono, me asaltaron y solo se robaban mi computadora y mi celular”, contó Galeano a La Nación antes de irse del país.
Según su relato, recibió amenazas por participar en las protestas contra Ortega en su ciudad natal, al occidente del país. Al igual que Dulce Porras, él aseguró que puso varias denuncias ante el OIJ, pero que nunca le dieron ninguna respuesta ni resultado.
Galeano salió del país gracias al programa de reasentamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que opera cuando se considera que la vida de una persona puede correr peligro.
Tras las protestas del 2018 contra el régimen de Ortega, las cuales fueron reprimidas con violencia, dejando un saldo de 361 fallecidos y más de 600.000 exiliados, según cálculos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+. Se trata de una ong que se formó en Costa Rica con defensores de derechos humanos exiliados. Miles de esos nicaragüenses emigraron a Costa Rica.
De acuerdo con Acnur, con base en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, 217.000 nicaragüenses solicitaron refugio entre el 2018 y el 2022. Y de esa cantidad, solo 7.083 obtuvieron la condición de refugiado.