CCSS y bancos públicos perdieron confianza en bonos de largo plazo del Gobierno

Tesorera nacional dijo ante diputados que recalificación del Estado costarricense como deudor afectó la relación con los inversionistas nacionales y no solo con los extranjeros

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Los principales compradores de bonos de deuda del Estado costarricense declinaron comprar títulos de largo plazo porque perdieron confianza en la capacidad de pago del Gobierno.

Se trata de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los bancos de Costa Rica (BCR), Nacional (BN) y Popular (BP), informó este miércoles la tesorera nacional, Marta Cubillo, a los diputados.

La situación obligó al Ejecutivo a colocar bonos de corto plazo, para financiar sus gastos, los cuales debe pagar ahora.

La tesorera compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para responder las preguntas de los legisladores sobre el presupuesto extraordinario solicitado por el Ejecutivo, para endeudarse por ¢600.000 millones más a fin de pagar a los inversionistas.

El dinero no estaba previsto en el plan de gastos de este año, porque se debe a colocación de bonos que Hacienda hizo entre noviembre y diciembre, luego de que el Presupuesto Nacional se había tramitado en el Congreso.

Cubillo explicó a los congresistas que, cuando las calificadoras de riesgo internacionales pusieron a Costa Rica en una categoría más riesgosa, ello no solamente caló en los inversionistas internacionales, sino también en las instituciones que compran bonos al Gobierno.

Esas instituciones son, precisamente, la CCSS, el BCR, el BN y el BP.

La tesorera nacional culpó a la falta de decisiones sobre problemas fiscales por la recalificación en negativo del Estado costarricense como deudor.

“Los comités de riesgo -y debo hacer una lista, con disculpas de la misma institución-, pero los comités de riesgo de la Caja, del BCR, del Banco Nacional y posiblemente el Popular y demás, determinan que, como Estado, somos más riesgosos y empiezan a hacernos inversiones de muy corto plazo”, comentó Cubillo.

Añadió que comprar títulos con vencimientos cortos es una forma en que los inversionistas se garantizan el reintegro y de que “el riesgo de impago se minimice”.

No obstante, la tesorera gubernamental agregó que, si bien fue una de las principales razones de que el gobierno de Solís haya colocado deuda con vencimientos menores a un año, también fue un asunto del mercado.

Esa mala situación para la colocación de deuda estatal continúa en este semestre, dijo Cubillo.

El Gobierno intenta colocar bonos de largo plazo, con vencimientos al 2020 y en adelante.

“Pero no es lo que obtenemos. En subastas anteriores captábamos hasta ¢100.000 millones o ¢50.000 millones, pero ahora captamos ¢3.000 millones y eso quiere decir que por lo menos hay inversionistas que confían en la capacidad de pago del Gobierno”, manifestó Marta Cubillo.

En cuanto a las razones para colocar deuda de corto plazo, el director de Crédito Público, Melvin Quirós, explicó a los legisladores que en noviembre se colocaron ¢102.000 millones y en diciembre ¢567.000 millones.

El funcionario insistió en lo dicho por la ministra, Rocío Aguilar, el martes, cuando explicó que la deuda con vencimiento menor a un año se dio a finales del 2017, tiempo después de que el presupuesto llegó al Congreso.

“El faltante presupuestario se origina por dos razones. Primero, una mayor concentración en títulos de corto plazo colocados durante el 2017, con vencimiento en el 2018. En el primer semestre del año 2018 se imposibilitó cumplir con las metas de canjes de deuda propuestas cuando se elaboró el Presupuesto 2018, solo un 23% de lo estimado”, expuso Quirós.

Respecto a los canjes, Cubillo alegó que en los tres años anteriores Hacienda fue bastante exitosa, tanto que en la partida de amortización al cierre del año 2017 sobraban ¢500.000 millones.

Diputados cuestionan pago

A pesar de las explicaciones de la ministra Aguilar y de los otros jerarcas hacendarios, los diputados cuestionaron fuertemente que Hacienda haya hecho pagos de vencimientos de deuda en julio y junio por ¢48.000 millones sin tener el contenido presupuestario avalado por los parlamentarios.

Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), le cuestionó a la tesorera nacional esa acción y le preguntó si era costumbre hacer eso.

Marta Cubillo le dijo al legislador que en sus 26 años de función en Hacienda no recuerda que se haya hecho tal cosa. “Esto fue muy sui generis”, manifestó la tesorera.

“Sí es la primera vez que se hace un pago de deuda sin contenido presupuestario”, explicó, pero también alegó que esos pagos de los vencimientos se hacen automáticamente, a través de la cuenta de la Tesorería en el Banco Central de Costa Rica.

Ante la situación, la presidenta de Hacendarios, la liberacionista Silvia Hernández, alegó que ningún presupuesto sin autorización legal se puede ejecutar: “¿Para qué se viene a pedir si parece que no se requiere, si ya se incumple en dos periodos?”.

“Estamos hablando de cuando nos llega el presupuesto. ¿Es a tiempo o se esperó demasiado?”, dijo.