La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) todavía no define si aplicará la medidas de ahorro que establece la reforma fiscal en el caso de las anualidades que les paga a sus profesionales de Ciencias Médicas.

La duda de la institución está en que los médicos y enfermeros tienen leyes especiales que definen el incentivo.

Por la Ley de Incentivos Médicos y el Estatuto de Servicio de Enfermería, el personal médico de la CCSS y de las instituciones públicas recibe cada año laborado entre un 3,5% y un 5,5% adicional de su salario base por cada año laborado.

La reforma fiscal estableció que, a partir de este año, las anualidades serán reconocidas como un monto fijo, ya no un porcentaje, y que el cálculo inicial equivaldrá a un 1,94% del salario base en el caso de los profesionales y un 2,54% para el resto, en todo el sector público.

Los profesionales de Ciencias Médicas son médicos, odontólogos, farmacéuticos, microbiólogos, psicólogos clínicos y químicos.

La CCSS gasta unos ¢150.000 millones por año solo en el pago de anualidades a estos profesionales.

A diferencia de las anualidades definidas por convención colectiva que quedaron abolidas por la reforma fiscal, según Mideplán, la CCSS todavía tiene la duda de si las anualidades de los médicos y de los enfermeros también deben rebajarse.

La institución, en vez de hacer un análisis legal interno, delegó en la Dirección de Servicio Civil la aclaración, aunque su criterio no sea vinculante para los empleados de la institución, según reconoció el presidente ejecutivo, Román Macaya.

“No es nada nuevo... Lo que aplica el Servicio Civil es lo que aplica para nosotros”, señaló el presidente ejecutivo.

En una nota enviada al Servicio Civil el pasado 6 de marzo, la CCSS consultó: “Se requiere el criterio técnico de esa Dirección General considerando que las leyes especiales de estos grupos establecen otros porcentajes por concepto de anualidad, lo anterior con la finalidad de aplicar los ajustes correspondientes de este concepto a los profesionales en salud que laboran en la CCSS”.

Desde el 18 de diciembre, la CCSS resolvió que se ajustaría a las disposiciones de la reforma fiscal y circuló un comunicado entre sus empleados en el que aclara que las anualidades se pagarían según lo que dispusiera la reforma fiscal.

Por esta circular, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, también interpretó que la anualidad para los médicos sería la misma que para el resto del personal y del sector público.

Sin embargo, en un acuerdo con los sindicatos, el pasado 20 de febrero, Macaya acordó que esperarían la respuesta de Servicio Civil, el cual a su vez tampoco tiene claro qué ocurrirá con los profesionales que están cobijados bajo este régimen.

El encargado de Compensaciones de Servicio Civil, Francisco Chang, dijo a La Nación que es probable que se envíe una consulta a la Procuraduría General de la República, tras revelarse otro criterio sobre cesantía que aclaró que la reforma fiscal está sobre las convenciones colectivas, pero no aclaró si también se sobrepone a otras leyes especiales.

En el mismo acuerdo con Macaya, los sindicalistas resaltaron su derecho a interponer acciones si la respuesta de esa autoridad no es satisfactoria, según el mismo documento.

“En los casos en que la interpretación institucional haya sujetado la existencia de un derecho o de una situación jurídica, al pronunciamiento de la Dirección de Servicio Civil u otra dependencia dentro o fuera de la institución, la representación sindical se reserva el derecho de acudir a las instancias administrativas o judiciales que correspondan, si de acuerdo con su criterio, el referido pronunciamiento fuese contrario a una correcta interpretación de la normativa vigente y fuere lesivo para las personas trabajadoras”, señala el acuerdo.

Acuerdo con sindicatos

Luego de sentarse los sindicalistas con Macaya, se tomaron varios acuerdos con respecto a la aplicación de la ley fiscal.

Entre ellos, está la creación de una mesa técnica para definir la herramienta de evaluación de personal.

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento, las anualidades se otorgarían a los empleados públicos que fueran “muy buenos” o “excelentes”, según una evaluación que tendrá la pauta que defina Mideplán.

La herramienta la definirá una mesa conformada por seis sindicalistas y representantes de la CCSS.

Macaya aclaró a La Nación que en esa discusión participarán diferentes direcciones de la CCSS y que se usarían los insumos que envíe el Mideplán, aunque no se menciona explícitamente en el documento.

Sobre el pago bisemanal que prohíbe la ley, la CCSS aseguró que para la institución es imposible técnicamente cambiar al sistema de pago mensual con adelanto quincenal por la complejidad de la planilla y los sistemas informáticos.

Sobre esto, el acuerdo es proponer un proyecto de ley para eximir a la institución de esta modificación que no tendría un impacto financiero, según Macaya.

Este acuerdo fue de conocimiento del diputado socialcristiano Pedro Muñoz, quien protestó en una nota enviada al presidente ejecutivo exigiendo explicaciones de posibles desviaciones de la ley.

Sin embargo, Macaya negó que se tratara de una desobediencia a lo dispuesto por los diputados.

“No estamos apartándonos de la ley, nunca hemos declarado autonomía en materia de empleo público y tan es así que fuimos la primera institución que hizo los esfuerzos para ponerse de derecho con una circular de diciembre de 2018. Hemos seguido el pie de la letrala ley, respetando los derechos adquiridos”, dijo.