La CCSS le cobró a la Presidencia ¢109 millones por las consultorías profesionales que el BCIE le pagó a Zapote durante la segunda administración de Óscar Arias (2006-2010).
Según la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), las personas contratadas desarrollaron una relación laboral con el gobierno que ameritaba el pago de cuotas obrero patronales.
El cobro lo reveló el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el pasado jueves, cuando fue llamado a comparecer por los casos de la viceministra y la ex viceministra de esta administración que habrían cobrado el incentivo de prohibición sin cumplir los requisitos.
Sin embargo, Alfaro también había mencionado lo del BCIE en una comparecencia en el Plenario, el 10 de agosto del 2016.
Él precisó que Zapote pagó esa suma desde la administración anterior, de Laura Chinchilla (2010-2014), y que se cursaron acciones de cobro para que los excontratistas reembolsen el dinero girado a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
"Después de esos contratos, a la administración le vino un cobro de la CCSS por ¢109 millones. Ese cobro era por cuotas obrero patronales que hubo que pagar y la administración le hizo una acción de cobro a varias de las personas que tuvieron estos contratos", declaró Alfaro el jueves.
Se trata de las 84 consultorías en temas legales, políticos y de imagen que se financiaron con los fondos no reembolsables que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le otorga a cada gobierno de la región para invertir en lo que estime conveniente.
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En total, Casa Presidencial invirtió en esas consultorías $1,6 millones (¢909 millones). Los contratistas fueron escogidos en Zapote, aunque también se financiaron otros servicios como un músico y un mensajero.
El entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, decidió que esos recursos fueran administrados por la oficina local del BCIE en el país, con lo cual evitaron cumplir los procesos de contratación del Estado.
Reposición del dinero. Ahora, el Poder Ejecutivo busca que los excontratistas repongan los ¢109 millones desembolsados y maneja una lista de 34 de ellos, entre quienes figuran tres diputados: Rolando González y Carlos Arguedas, de Liberación Nacional (PLN); y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana.
A ese grupo de excontratistas se le reclama el pago de casi ¢58 millones, incluyendo intereses y la inflación acumulada.
Según la información suministrada por la Presidencia, González adeuda ¢2,3 millones, Arguedas ¢2,7 millones y Redondo ¢2,8 millones.
Sin embargo, los tres legisladores alegan que el cobro es improcedente porque nunca tuvieron una relación laboral con el Gobierno, es decir, que nunca tuvieron un horario, ni vacaciones, ni aguinaldo; sino que se trató de una contratación por servicios profesionales.
Arguedas dice que él fue contratado directamente por el BCIE para brindar una consultoría jurídica sobre diversos temas. Recuerda que hace varios años, entre 3 y 5, no pudo precisar un número exacto, le llegó una gestión de cobro. Agregó que inmediatamente envió una nota con una serie de alegatos en los que exponía por qué tal reclamo era un error. No obstante, nunca tuvo respuesta y tampoco le volvieron a cobrar la suma por lo que dio el capítulo por cerrado.
"Esto fue un error manifiesto administrativo, pretendiendo cobrar una cuota de la Caja como si en aquel momento yo fuera funcionario del Gobierno, como si yo hubiera establecido una relación laboral con el Ministerio de la Presidencia y que, como resultado de esa relación, yo estaba en la obligación de ser un empleado público y tenía que pagar un seguro. Yo fui consultor del BCIE, firmé un contrato, presenté informe, cumplí con mis obligaciones, recibí los honorarios que estaban determinados en el contrato e incluso pagué el impuesto sobre la renta. A mí juicio eso fue una decisión unilateral y equivocada", expresó Arguedas.
Al igual que él, Mario Redondo afirma que hace tres años, más o menos, fue notificado del cobro pero no le dio importancia porque en su criterio, el mismo no procedía, ya que asegura nunca fue empleado del gobierno de Arias.
Añadió que solo esa vez tuvo conocimiento de ese tema y que nunca fue un tema de conversación en las múltiples reuniones que ha tenido con el ministro Sergio Alfaro y el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora.
"El gobierno, no se cuál, decide pagar a la Caja, sin ponerlo a consulta y dice: 'Nosotros ya pagamos a la Caja, ahora ustedes tienen que pagarnos'. No, no, perdón, ¿por qué va a pagar si yo pago mi seguro? Yo he pagado todos estos meses mi seguro social y cuando yo pago, pago sobre un monto que incluye esas cosas. Y segundo, ¿por qué usted va a pagar por algo que no es una relación laboral? No existió una relación laboral, era simplemente una contratación de servicios profesiones, no hay una relación jerárquica, no hay órdenes, uno no trabaja en el establecimiento del que lo contrata", manifestó Redondo.
Por su parte, Rolando González dice que a él nunca le cobraron ese dinero, que se enteró de las gestiones de la Presidencia por medio de la prensa (aunque nunca ha salido en la prensa) o en alguna de tantas reuniones que ha sostenido desde entonces.
"La afirmación del ministro no tiene ni pies ni cabeza, yo nunca fui subalterno del BCIE, segundo, no existe ningún traslado ni de un criterio que establezca que sea funcionario (público), ni de un cobro de la CCSS o del Poder Ejecutivo. Nunca se me ha hecho un cobro y, además, no procede porque éramos consultores y, en ese caso, se paga el impuesto sobre la renta y hasta ahí son las obligaciones, lo demás sería llevar al extremo de que toda actividad de consultoría es susceptible de relación obrero patronal", señaló el congresista alajuelense.
Algunos de los excontratistas difundidos por Sergio Alfaro
-Carlos Arguedas, diputado del PLN
-Rolando González, diputado del PLN
-Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana
-Vanessa de Paul Castro, exdiputada (1998-2002)
-Rowland Espinoza, exviceministro de Hacienda (2010-2012) y exviceministro de Telecomunicaciones (2012-2014)
-Adriana Padro, exembajadora de Costa Rica en El Salvador (2010-2014)
-Lineth Saborio, exvicepresidenta de la República (2002-2006)
-Fabián Volio, abogado constitucionalista