San Isidro de El General.- El mandatario de la República, Carlos Alvarado, aseguró este sábado que nadie, “ni el presidente ni las instituciones” pueden hacer uso indebido de la información que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) ha recopilado.
En una entrevista de cinco minutos con La Nación, el mandatario alegó que realmente no sabe si los tres funcionarios que dependen directamente de él han tenido acceso a datos confidenciales de los costarricenses, pero alegó que el objetivo es manejar información que ya es de acceso público, para “hacer mejor política pública”.
Alvarado reconoció que la Unidad funciona “desde hace bastante tiempo” y su objetivo se centra en “generar información útil para la gobernanza”.
La polémica surgió este viernes, cuando se dio a conocer un decreto ejecutivo, firmado por el mandatario, donde se crea dicha oficina y, entre sus funciones, se establece que puede acceder a información “de carácter confidencial” de los costarricenses.
Luego de que varios medios difundieron la noticia, el propio Alvarado anunció que derogaría el decreto y desistía de su intención.
La Unidad Presidencial de Análisis de Datos está conformada por dos economistas y dirigida por Diego Fernández, pero funciona adscrita directamente a la Presidencia.
A continuación la entrevista con el gobernante:
¿Cuánto tiempo lleva operando esa Unidad?
-Es una iniciativa que se tiene como idea desde el inicio del gobierno. Empieza con un proceso de formalización y todo eso. Lo que implica es manejar distinta información que ya es pública, por ejemplo de instituciones, pero busca generar ciencia de datos, manejo de datos, para hacer mejor política pública.
¿Pero cuánto tiempo más o menos lleva funcionando, un año, año y medio?
-Tiene tiempo, sí, tiene bastante tiempo. Tendría que precisar cuándo empezó a generar información útil para la gobernanza.
¿Tuvo acceso a datos confidenciales de los habitantes, como salarios, deudas, números de teléfono?
-De eso no sabría, porque no conozco los elementos técnicos. De eso no sé, lo que sí sé es que todo se maneja desde el marco de la legalidad, desde el bloque de legalidad existente. Es decir, como Administración Pública, nadie, ni el presidente ni ninguna otra de las instituciones puede hacer un uso indebido de la información.
¿Quién era el jefe directo?
-Bueno, eso ha estado adscrito o se construyó casualmente desde Presidencia, para generar consolidación de informaciones. A veces, hay mucha información que está en las instituciones, pero no llega a cruzarse, es información muy valiosa. Eso estaba adscrito a la Presidencia de la República.
¿Este muchacho, Diego (Fernández, con estudios en Economía y Ciencias Políticas), era el encargado?
-Él es el encargado.
¿La redacción del decreto, a quién le correspondió?
-No sé el detalle específico de la persona, pero sí sé que corresponde a las unidades de Legal de la Presidencia.
¿La idea de incluir el acceso a información confidencial de las personas, como concepto en el decreto, le correspondió a quien lo redactó, o a un grupo de personas?
-Los detalles específicos de lo legal no es lo que yo manejo. Lo que sí puedo decir es que hay un interés casualmente, de un trabajo que es importante para el gobierno, ponerle una estructura formal, para darle transparencia, formalidad, objetivos y un marco sobre el cual trabajar. Pongamos un contraejemplo: Si uno quiere hacer algo que no se vea, no lo publica, no lo hace. Más bien aquí es para delimitar su rango de acción.
Incluso, si el decreto tiene cosas que deben ser sujetas de observación, enhorabuena. Casualmente, para eso se publican las cosas en ‘La Gaceta’, para que estén bajo el escrutinio.
Yo separaría aquí dos cosas como importantes: uno, la ciencia de datos, que es reconocida globalmente como una disciplina que ayuda a hacer mejor política pública y que se maneje desde el gobierno es importante para las personas, porque hay muchas oportunidades de hacer cosas como ya se ha demostrado, en transporte, sistemas de salud, educación, que serán de los productos que ya ha hecho este tipo de esfuerzo.
Lo otro es y,lo reconocemos, por eso procedimos a la derogatoria (del decreto), que los temas de la información de las personas son sensibles y generan este tipo de inquietud. Reconocemos que esto se ha generado a partir de cómo se dio la publicación y, por eso, procedimos a derogarlo.
Queremos mantener esa posibilidad de hacer ciencia de datos, que es buena para la gente y dar garantía a las personas de que sus datos están protegidos, de que no hay intromisiones indebidas, porque no hay usos discrecionales.
Para ese fin, ayer (este viernes) hablé con la defensora (de los Habitantes, Catalina Crespo), pidiéndole, a partir de la nota que ella me remitió, que ella conozca todo el proyecto, lo fiscalice, vea cuáles son sus alcances, garantice cómo se protegen los datos de las personas y, al mismo tiempo cómo, la riqueza de la información que hay, nos permite hacer mejor política pública. Ese será el esfuerzo que queremos llevar adelante.
¿Sopesaron la violación a la privacidad de las personas? Al menos ahora para derogar el decreto.
-Sobre la mesa o sobre el interés nunca ha estado tener información personal o confidencial de nadie. Lo que sirve es la información agregada para tomar decisiones, pero no singular, no es para conocer cosas particulares de individuos, jamás.
Es para tener información agregada que ayude a hacer política pública. Casos como salud, donde se puede detectar estadísticamente una cantidad de enfermedades muy específica en una zona específica, cruzada con cosas como actividad económica u otras. Es ese tipo de información la que interesa para mejorar cómo se usan los fondos públicos.
Como se levanta la preocupación de la confidencialidad, que es tan sensible, se opta por la derogatoria, para explicar, dar cuentas, que se fiscalice más, que lleguen órganos como la Defensoría, para dar confianza y poder usar las herramientas disponibles para hacer mejor política pública.