Llevar Internet veloz a las escuelas y colegios del país pasó a ser otra de las tareas que quedará para el próximo gobierno.
De esa responsabilidad parecen estar conscientes los candidatos presidenciales con mayor intención de voto, según las encuestas de Unimer. Es el caso de Johnny Araya, de Liberación Nacional; Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana; Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y José María Villalta, del Frente Amplio.
La meta figura entre sus prioridades de Educación, como se desprende de Palabra de Político, la herramienta que La Nación puso a disposición de los votantes para conocer las propuesta y el pensamiento de los aspirantes presidenciales.
Araya habla en su programa de gobierno de la necesidad de "inclusión digital" mediante la ampliación de los accesos a Internet y banda ancha, aunque no detalla la estrategia para llevarla a cabo.
El candidato libertario, por su parte, dejaría en manos del Ministerio de Educación Pública la labor de asegurar la conexión a Internet en escuelas y colegios, habla también de la posibilidad de contar con colaboraciones. Guevara. Él, además, propone entregar a cada estudiante una computadora portátil.
Luis Guillermo Solís propone la denominada 'alfabetización tecnológica', para la cual el primer requisito es dotar de banda ancha a escuelas y colegios. No detalles cómo concretaría este plan.
De la misma forma, Rodolfo Piza, ha mencionado que el dinero de Fonatel es el primero al que se debe recurrir para poder cumplir con el objetivo.
En su plan de gobierno, el frentamplista José María Villalta, propone trasladar al Ministerio de Educación Pública (MEP), un 40% de los recursos del Fonatel para lograr la ejecución del proyecto mediante la contratación directa al Instituto Costarricense de Electricidad.
Actualmente, Fonatel administra cerca de $216 millones, el 40% son $86,4 millones.
Un plan similar intentó sacar adelante la presidenta de la República, Laura Chinchilla, a mediados de este año cuando ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) habilitar al ICE para llevar adelante el plan de banda ancha a más de 4.000 centros educativos. La Sutel desafió a la mandataria y rechazó esa posibilidad al explicar que estos proyectos se deben otorgar mediante concurso público.