Una red de carreteras eficiente, mejores servicios de salud, educación del primer mundo, erradicación de la pobreza y muchos empleos.
Estas son las principales promesas que llenan las propuestas de gobierno y los discursos que los candidatos presidenciales pregonan desde que comenzó la campaña, en octubre pasado.
Se trata de objetivos para los que no hay una ruta clara, pues no se señala de dónde provendrá el presupuesto necesario o cuántas leyes habrá que reformar.
También falta claridad cuando las metas constituyen medias verdades que se fundamentan en obras ya avanzadas o en algunos casos imposibles de cumplir en una gestión de cuatro años.
En educación, por ejemplo, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, ofrece lograr una cobertura del 90% en educación primaria.
La tarea pareciera sencilla si se considera que el país tiene una cobertura del 100% en primaria desde el año 2000, como lo consigna el Informe del Estado de la Región de 2011.
Otto Guevara, aspirante presidencial del Movimiento Libertario, propone eliminar en cuatro años la pobreza extrema que afecta al 6,4% de la población.
Su propuesta, por el contrario, pareciera muy difícil de cumplir según antecedentes que dio a conocer el informe país de la Organización de Naciones Unidas del 2010. Según este, en 1990 la pobreza extrema en Costa Rica alcanzaba un 9,1% y se necesitaron 18 años para reducirla a la mitad.
Estos hallazgos y contrastes son los que procura evidenciar Palabra de Político, una herramienta que La Nación pone desde hoy al servicio de los lectores.
La intención es recoger el pensamiento y las propuestas de los cinco candidatos presidenciales con mayor intención de voto –según las encuestas de Unimer– y someterlos a análisis para determinar su veracidad o la consistencia en el tiempo.
De compras y Ebáis. Rodolfo Piza, postulante por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), plantea una redistribución del impuesto a los combustibles para destinar un 90% a carreteras y el 10% restante a programas ambientales.
Para lograrlo, el socialcristiano como eventual gobernante deberá contar con una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa o alcanzar los acuerdos necesarios para reformar la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria.
Dicha legislación determina que la mayor parte de lo recaudado con ese impuesto, un 66,40%, se debe destinar a cubrir gastos que el Gobierno considere.
Hoy solo el 33,60% va dirigido a la red de carreteras. Sin embargo, tampoco llega completo.
Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se compromete a poner en funcionamiento un sistema ágil de compras del Estado.
Ya el camino está adelantado porque, desde abril, la presidenta Laura Chinchilla emitió una directriz que obligó a las instituciones a comprar mediante la plataforma digital Mer-Link. Para enero, todas las entidades públicas deben hacer sus adquisiciones en línea.
José María Villalta, del Frente Amplio, alza la voz contra lo que denomina “privatización de los Ebáis”, consecuencia, según él, de la deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La CCSS no está trasladando ningún bien a la Universidad de Iberoamérica (Unibe), sino que firmó un contrato para que presten los servicios. Incluso, la Caja mantiene otros contratos de administración de centros de salud con cooperativas a nivel nacional.
Más abundantes que las medias verdades son las propuestas sin claridad de cómo concretarlas, pues la mayoría depende de aprobación de leyes, eliminación de requisitos, creación de instituciones, para las cuales hay que recorrer un camino complicado que no se dice.
La situación no es extraña. El mismo Decimonoveno Informe del Estado de la Nación reveló que en los programas de gobierno del 2010 se presentó un hecho similar.
Según este, el 78% de las propuestas del PLN planteaban objetivos sin políticas, lo mismo que el 70% de las que presentó para entonces el Movimiento Libertario.
En el caso del PUSC, carecían de los cómos un 62,6% de sus propuestas, 23, 2% del PAC y 82,9% en el caso del Partido Frente Amplio.
“Fueron propuestas generales, que dijeron muy poco sobre cómo se iban a realizar las promesas de campaña y de dónde se iban a sacar los recursos económicos para cumplir con todo lo prometido”, dijo el documento tras el análisis de los planes de gobierno. Francisco Barahona, Rotsay Rosales y Víctor Ramírez, analistas consultados por La Nación, coincidieron en la falta de seriedad con que se toman los programas de gobierno.