Sergio Ramírez Acuña, candidato del PLN a magistrado de la Sala I, tiene un juicio contra el Estado que, actualmente, se conoce en la instancia de casación en ese mismo tribunal.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, tras consulta de La Nación sobre el proceso que Ramírez entabló desde el 2009.
El aspirante planteó un pleito contencioso luego de renunciar a la presidencia de la Junta de Protección Social (JPS), en abril del 2008, durante la administración de Óscar Arias.
En setiembre de ese año, la Procuraduría de la Ética Pública emitió un informe en el que estableció que Ramírez había promovido el nombramiento a tiempo completo del presidente de la Junta Directiva de la JPS, y recomendó la apertura de un procedimiento administrativo.
Tras una sentencia favorable en el Tribunal Contencioso- Administrativo, y luego una negativa, Ramírez llevó el asunto a casación en la Sala I, pues busca que se declare la responsabilidad del Estado en su salida del cargo y se califique como nulo el procedimiento administrativo.
Ahora, con el apoyo de sus jefes del Partido Liberación Nacional (PLN), este asesor busca los 38 votos para ser magistrado de esa Sala.
Los diputados Ottón Solís, presidente de la Comisión de Nombramientos, y Emilia Molina, jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmaron ayer que desconocían ese proceso judicial.
“Habría un potencial conflicto de interés si la Asamblea lo elige al cargo”, dijo Solís. Molina lo considera una razón de mucho peso para que no aspire.
Gerardo Vargas, jefe del Frente Amplio, dijo que le extraña que Nombramientos no se hubiera enterado del litigio de Ramírez contra el Estado.