Carlos Alvarado, candidato presidencial de Acción Ciudadana (PAC), espera el informe que emitirá la comisión legislativa que investiga el caso de la importación de cemento chino, este lunes 18 de diciembre, para tomar una decisión sobre la permanencia o no del exministro de Economía, Industria y Comercio (Meic), Welmer Ramos, como candidato a diputado en el primer lugar de la papeleta por Heredia.
"Quiero esperar todos los detalles de ese informe y, a partir de lo que concluyan los señores diputados, daré un criterio. En ese momento no voy a hacer ninguna evaluación adicional sobre el caso. Como en la vida, en ese momento, todas las opciones estarán sobre la mesa", adelantó el aspirante presidencial del PAC.
Este jueves La Nación publicó que, en noviembre del 2015, una funcionaria técnica que dirigía la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Meic, alegó "órdenes de la Presidencia" para que el Órgano de Reglamentación Técnica sacara rápidamente a consulta una propuesta de reforma integral al reglamento para la comercialización del cemento.
Al ser contactada por este diario, la semana pasada, la persona afirmó que las órdenes para sacar rápidamente la reforma al reglamento del cemento las giró su superior, el entonces ministro Welmer Ramos.
Alvarado dijo la noche del miércoles que esa revelación es un elemento "novedoso y de interés", que se suma a otros que pondrá en la balanza para determinar el futuro en su campaña de Ramos.
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"Habíamos conversado con don Welmer sobre este tema del reglamento, pero quiero esperar todos los detalles de ese informe de los diputados. En este momento no voy a hacer ninguna evaluación adicional sobre el caso", zanjó el aspirante presidencial.
Por su parte, Welmer Ramos dijo este jueves que no atenderá más consultas de La Nación sobre el tema de la modificación al reglamento técnico de comercialización del cemento y afirmó que le ha dado a Carlos Alvarado todas las explicaciones sobre sus actuaciones en este capítulo del caso.
"Yo creo que hay un sesgo del lado de ustedes en defender el oligopolio a como haya lugar y como que quieren acomodar una situación, como que quieren sacarse clavos contra quien hace las cosas bien y las hace con eficiencia. Porque parece que lo que tenemos que hacer es que los proyectos duren años, como dos reformas al reglamento que no se llevaron a cabo, y entonces eso sí está bien, pero parece que cuando se actúa con eficiencia, con transparencia, tienen que pegarlo contra procesos oscuros que han hecho otros con un crédito, con el Poder Judicial. Esa morbosidad de la prensa a mí me tiene molesto", aseveró.
Ramos no es el único candidato a diputado para las elecciones del 2018 que ha tenido que dar cuentas en el caso del cemento chino. Por ejemplo, debió declarar en la comisión el aspirante a diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) en el primer lugar por San José, Pedro Muñoz, por haber prestado una asesoría al empresario importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
En Liberación Nacional (PLN), el candidato presidencial Antonio Álvarez Desanti, le aceptó la renuncia en octubre al candidato a diputado en el primer lugar por Heredia, Víctor Hugo Víquez, porque en el pasado hizo una gestión ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a nombre de Bolaños.
Y a finales de noviembre, trascendió que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acreditó en un informe a la Fiscalía 565 llamadas cruzadas entre ese empresario y el candidato a diputado por San José del Partido Renovación Costarricense (PRC), Daniel Gallardo, actual director administrativo de la fracción legislativa de esa fuerza política.
El propio Welmer Ramos fue llamado a comparecer por la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, en setiembre pasado. En esa ocasión, afirmó a los congresistas que los legisladores Otto Guevara y Víctor Morales Zapata tenían interés en que se hicieran cambios al reglamento de comercialización del cemento.
Tanto Guevara como Morales fueron allanados por la Fiscalía y el OIJ a finales de noviembre es busca de pruebas que los vincularan con presunto tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños.
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El caso del cemento chino involucra en un escándalo de presunta corrupción a miembros de los tres poderes de la República, a quienes el Ministerio Público investiga por supuesto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Bolaños, dueño de Sinocem, firma que inició la importación de cemento desde China gracias a la modificación al reglamento técnico de comercialización de ese producto que, entre otros aspectos, flexibilizó los plazos de caducidad de la materia prima.
Además, el Banco de Costa Rica (BCR) giró a Bolaños dos líneas de crédito, con un tope de endeudamiento de $30 millones, para que financiara la importación de cemento desde China. El Ministerio Público investiga si durante el trámite y desembolso de ese empréstito la cúpula gerencial del Banco incurrió en el presunto delito de peculado.
Por este caso, desde el 3 de noviembre y por tres meses, Bolaños y seis altos funcionarios del BCR guardan prisión preventiva.