El canciller Manuel González, aseguró este viernes que no está escrito en piedra el monto de $6,7 millones que Costa Rica le está cobrando a Nicaragua como indemnización por los daños ocasionados en isla Calero. Según dijo, la cifra es negociable.
No obstante, declaró que la suma reclamada no es antojadiza ni incluye rubros inflados, sino que se sustenta en criterios técnicos.
"Nosotros estamos en la mejor disposición de, si hay un señalamiento que es infundado o algo que merezca una reconsideración del país, nosotros somos razonables, o sea, nada está escrito en piedra".
"Lo que presentamos no fue: pido diez, para que me den dos. No es así, somos un país serio que hizo un trabajo técnico, justificado. Podemos analizar algunos rubros, para ver si procede o no procede (un cobro) y, si lo adecuado es un monto menor, pero estamos muy tranquilos y también muy respaldamos técnicamente en cuanto a lo que fue presentado", expresó González.
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A esa consideración llegó el titular de Relaciones Exteriores después de anunciar que Costa Rica le dará un plazo adicional, de dos o tres semanas, a Nicaragua para que estudie la indemnización de $6,7 millones reclamada como compensación por los daños ocasionados en Calero, debido a las constantes invasiones entre el 2010 y el 2013.
La Cancillería otorga "un plazo prudencial, de unos pocos días" en respuesta a unas manifestaciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien a principios de diciembre dijo estar dispuesto a pagar por la destrucción ambiental ocasionada en el extremo noreste de isla Calero, conocido como isla Portillos, en la provincia de Limón.
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Este viernes expira el plazo que estableció la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ambas partes concilien el monto por mutuo acuerdo.
La CIJ fijó el plazo hace un año cuando reconoció la soberanía costarricense sobre isla Calero. Ese día los jueces determinaron que, al invadir isla Calero, Nicaragua violó la integridad del territorio nacional y dañó el ambiente mediante la apertura de canales artificiales.
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"Él (Ortega) dijo que el país (Nicaragua) tenía la voluntad de pagarle a Costa Rica y creo que eso tenemos que tomarlo en su justa dimensión. Si esas manifestaciones eran genuinas y ese interés es real por parte de Nicaragua, nosotros no tenemos ninguna objeción en dar dos o tres semanas adicionales para ver si llegamos a un acuerdo, o bien, si presentamos nuestro reclamo ante la Corte", declaró González.
Buena voluntad. El canciller añadió que el país no está siendo ingenuo con Ortega, pero que tampoco puede rechazar de entrada el gesto de buena voluntad que ofreció semanas atrás el mandatario nicaragüense, cuando dijo que su país estaba dispuesto a pagar.
"Nosotros no es que estemos de buenas a primeras confiando en todo lo que nos dicen, pero también son manifestaciones hechas a nivel del presidente de un país. Tampoco podemos desechar a priori esas manifestaciones de buena voluntad", dijo el jerarca.
La fecha limite que pondrá Costa Rica será definida en los próximos días, en una reunión que tendrán los embajadores de ambos países en La Haya, Holanda, Sergio Ugalde, de Costa Rica, y Carlos Argüello, de Nicaragua.
Si ese día no se logra un acuerdo, el país recurrirá nuevamente a la Corte para que sean los jueces quienes definan la suma de la indemnización.
"No hay mucho tiempo adicional que conceder, yo creo que tienen elementos suficientes para decir en los primeros días de enero, sí o no (...). Creo que los dos países nos ahorramos dificultades, tiempo y gastos si pudiéramos evitar tener que regresar a la Corte para que se fije ese monto", agregó González.
A mediados de noviembre, Nicaragua envió a Costa Rica una nota solicitando información información adicional sobre la forma en cómo se llegó a la suma de $6,7 millones. Lo hizo cinco meses después de que la Cancillería hiciera el cobro formal, el cual ocurrió a principios de junio.
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El cálculo de esa suma estuvo a cargo de la Fundación Neutrópica.