El canciller Manuel González advirtió de que si el Gobierno de Nicaragua decide imponer el cobro de una visa de entrada para ciudadanos costarricenses, sería una mala señal de revancha, “inapropiada, innecesaria y especulativa”.
El miércoles de la semana pasada, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenó a Nicaragua por haber invadido isla Portillos en 2010, territorio que le confirió a Costa Rica.
Pero, además, sancionó al gobierno de Daniel Ortega a pagar a Costa Rica, en el plazo de un año, una indemnización por los daños ambientales causados en la zona del conflicto.
Fue el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri, quien alertó horas después del fallo de la CIJ de que si Ortega ordena el cobro de la visa para los ticos, sería la propia economía nicaragüense la que resultaría afectada.
“Los únicos que perderíamos con ese tipo de medidas seríamos los nicaragüenses”, declaró el vocero empresarial en conferencia de prensa.
Aguerri agregó que el eventual cobro de visa o de otros impuestos a las exportaciones costarricenses afectaría la consolidación de la imagen de Nicaragua como país turístico.
Según datos de Cosep, al menos 140.000 costarricenses al año visitan Nicaragua con fines vacacionales.
En 2005, el Gobierno nica había amenazado con medidas similares en el contexto de la demanda que presentó Costa Rica ante la CIJ para reclamar los derechos de navegación por el río San Juan.
La intención era financiar el costo de su defensa con los recursos captados mediante cobro de visas a ticos.
Ahora, las intenciones serían similares: subsidiar el costo de la indemnización por el daño en isla Portillos.
Irresponsabilidad. El canciller Manuel González dijo que una actuación del Gobierno sandinista, en esa dirección, sería irresponsable con el fallo emitido por la CIJ a favor de Costa Rica en todos sus extremos.
“Nosotros no obligamos a Nicaragua a invadirnos. Ojalá no actúen cobrando visa a los costarricenses porque esa no es la manera de asumir su responsabilidad”, manifestó.
González comentó que el presunto cobro de visa no le vendría bien a una relación bilateral “frágil y tensa”.
“La sentencia de La Haya debería ser el entorno propicio para retomar el diálogo de buena fe. Sería desafortunado si Nicaragua actuara de otra manera”, concluyó.
Minutos después del fallo de los altos jueces de la CIJ, González y el presidente Luis Guillermo Solís dijeron que buscarán los espacios diplomáticos aptos para empezar la negociación de la indemnización a la que quedó obligada Nicaragua.
El Gobierno, hasta ahora, no ha informado sobre ningún avance en ese proceso.