Las cámaras empresariales se sumaron a los cuestionamientos de varias fracciones legislativas contra el Acuerdo de Escazú, un convenio internacional que requiere de 38 votos para ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Al sector productivo le preocupa que un mecanismo de participación ciudadana, incluido dentro de dicho convenio, pudiera ser utilizado para frenar proyectos de desarrollo, afectar la economía y la generación de empleo.
Una inquietud similar externaron, el pasado jueves, las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Restauración Nacional (PRN), así como el bloque fabricista de Nueva República.
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Mediante un comunicado, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) manifestó su temor de que el acuerdo violente el principio de presunción de inocencia.
“Abre la puerta para que personas o grupos, amparándose en el principio precautorio, puedan paralizar la producción, bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción o inversiones en infraestructura”, expuso Cadexco en un comunicado.
De la misma forma se expresaron la Cámara Costarricense de la Construcción, la Cámara Nacional de Turismo, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
También se pronunciaron en contra la Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).
El Acuerdo de Escazú es un convenio regional suscrito hace cuatro años en el cantón de Escazú (de ahí su nombre), que facilita el acceso a información y justicia, al tiempo que garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental.
Dicho mecanismo aplicará, según el inciso 2) del artículo 7 del convenio, en “los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”.
El acuerdo reafirma el principio 10 de la declaración de Río de 1992, formulado por países de América Latina y el Caribe, que indica que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.
Al respecto, la Cámara Costarricense de la Construcción alegó que el país ya cuenta con un “acervo legislativo y constitucional” para garantizar la participación de todos los sectores en la toma de decisiones en materia de ambiente.
Citó el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Agrega que dicho instrumento ya obliga al desarrollador o responsable de una obra a comunicarle a la sociedad los estudios de impacto ambiental que se someten a conocimiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Por ello, la Cámara solicitó el retiro del convenio de la agenda legislativa.
El Acuerdo de Escazú está convocado por el Gobierno para el actual periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. Para que quede oficialmente ratificado requiere ser aprobado en segundo debate con, al menos, 38 votos.
Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), asevera que el mecanismo de participación ciudadana planteado por el Acuerdo de Escazú es mucho más amplio que lo contenido en el marco jurídico nacional.
“En materia ambiental, en la legislación nuestra ya existen los mecanismos de participación, por ejemplo, en protección de intereses difusos. Cualquier persona puede ir y presentar una denuncia por daño ambiental.
“Lo que pasa es que una cosa es en esa protección y otra en la toma de decisiones al otorgar permisos, licencias, autorizaciones”, indicó.