La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep) se oponen al proyecto de ley que obligaría a las sociedades mercantiles a establecer una dirección de correo electrónico para que reciban notificaciones relacionadas con procesos administrativos y judiciales.
Según explicó Enrique Egloff, presidente de la CICR, el sector industrial tiene incertidumbre sobre las implicaciones del proyecto y las afectaciones que podría ocasionar para los empresarios.
“Se han planteado múltiples preocupaciones del texto actual del Expediente 22567, relacionadas con seguridad jurídica y seguridad informática, cumplimiento de principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad de la norma, afectación del debido proceso y del derecho de justicia, trato discriminatorio hacia las sociedades mercantiles respecto de las personas físicas, y otras preocupaciones específicas, como el papel de la figura del agente residente en el caso de sociedades mercantiles cuyos socios no están en el país o las condiciones del sistema o plataforma para realizar las notificaciones”, indicó Egloff.
Por su parte, la Uccaep sugirió que se mantenga el domicilio electrónico como algo voluntario, tal y como lo contempla la Ley de Notificaciones y Comunicaciones Judiciales.
“ La notificación ‘forzosa’ por medios electrónicos conlleva problemas atinentes a la seguridad jurídica, que es fundamental para la persona y para su correcto desenvolvimiento en la sociedad moderna y en el comercio. Es solo en casos excepcionales, luego de intentar varias formas de comunicación sin éxito, que se acude a mecanismos como el propuesto por el proyecto de ley, procurando no causar indefensión y protegiendo el debido proceso”, argumentó Uccaep.
La Unión de Cámaras recalcó que los medios electrónicos son “susceptibles de intromisión de terceros mal intencionados”, lo que podría generar consecuencias, pues consideran que la iniciativa de ley no garantiza notificaciones seguras y efectivas.
Uccaep también indicó que no se ha establecido la forma para que se pueda comprobar válidamente el envío y recepción de notificaciones, por lo que podría incumplir con el debido proceso.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) manifestó: “El notificar a tiempo permitirá contar con procesos agilizados. Sin embargo, es necesario que se garantice la seguridad jurídica en el proceso de notificación y no se deje en estado de indefensión a las pequeñas empresas que actualmente no cuentan con las herramientas tecnológicas y no puedan implementar el correo electrónico como su medio de notificación”.
Esta propuesta de ley reformaría el Código de Comercio para establecer el correo electrónico como medio de notificación para las sociedades mercantiles de todo el país.
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La iniciativa también impediría a quienes incumplan con registrar dicho e-mail realizar trámites en el Registro de Personas Jurídicas.
El presidente de la Cámara de Industrias comentó que, ante las dudas, se han acercado a los diputados para solicitarles ayuda a fin de impedir que se perjudique a las sociedades con el articulado del proyecto.
“Hemos solicitado a los jefes de fracción valoren la posibilidad de devolver este proyecto a la Comisión dictaminadora, con un plazo prudencial razonable, a fin de que se pueda dar la oportunidad de introducirle reformas y llegar a una ley mejor concebida y consensuada”, aseveró la Cámara de industrias.
Este 1.° de junio, 38 diputados de las fracciones políticas de oposición enviaron a consulta el texto del proyecto a la Sala Constitucional, con el fin de que se establezca si el texto rosa la Constitución Política.
Las bancadas que enviaron la consulta fueron la Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR); ellos alegaron que la propuesta puede violentar el principio de igualdad, el derecho de defensa y el acceso a la justicia.
Con ello, los congresistas detuvieron el avance del proyecto en el plenario, pues ya había sido votado en primer debate y solo restaba ser votado en segundo debate.
Los legisladores también manifestaron su preocupación en el caso de las empresas que son dirigidas por adultos mayores, pues no todos tienen la facilidad o posibilidad de utilizar tecnologías, por lo que se verían afectados de aprobarse el proyecto.
Alonso Elizondo Bolaños, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, hizo un llamado al Registro Nacional para que, en caso de la ley entre a regir, cumpla con el plazo de seis meses establecido para emitir el procedimiento para implementar el correo electrónico como medio de notificación, el cual espera que sea sencillo y sin costo.
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