Dagoberto Hidalgo Cortés, gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), recomendó al Gobierno elaborar de nuevo el proyecto de ley para fusionar el sector vivienda en un solo ministerio. Argumentó que la redacción actual presenta muchos vacíos que podrían eliminar servicios o generar inseguridad jurídica.
Hidalgo hizo la recomendación frente a los diputados de la Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, donde señaló que el actual proyecto del Poder Ejecutivo no tiene claridad en el otorgamiento de bonos de vivienda, la función de las mutuales y la creación del Vehículo de Propósito Especial, que sería el instrumento que asumiría las funciones financieras que hoy tiene el Banhvi.
La iniciativa plantea fusionar el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Instituto de Vivienda y Urbabismo (INVU) y el Banhvi en una nueva cartera que se llamaría que se llamaría Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).
Sobre el futuro de los bonos de vivienda, el gerente del Banhvi explicó que el capítulo que regularía los subsidios es muy general y carece de conexidad con la legislación existente. “Queda perdido en el proyecto y automáticamente deja de existir en la vida jurídica”, planteó.
Ante las preguntas de los diputados, remarcó: “El otorgamiento del subsidio, en el artículo 59 de la (actual) Ley para familias en condición de pobreza, se deja perdido en la construcción de este proyecto (y) automáticamente deja de existir en la vida jurídica.
“El proyecto habla de subsidios, de que el Ministerio establecerá las condiciones y demás, pero en materia pública uno no podría decir ’yo creo, me parece’. Tiene que estar. Entonces, se queda en una situación incierta, de inseguridad jurídica con algunos programas que están establecidos en el bono familiar de vivienda, lo cual me parece hay que rectificar”.
El texto también carece de un capítulo sobre las mutuales, por lo que Hidalgo también considera que se derogaría la ley que las crea. “Se infringiría el principio de seguridad jurídica y aumenta los riesgos que esto implica” para ahorrantes e inversionistas, añadió.
Sobre el Vehículo de Propósito Especial, mencionó que carece de desarrollo en la redacción.
Recordó que el Gobierno ha manifestado que la falta de esta regulación en el texto sería solventada vía reglamentación, sobre lo cual no se mostró de acuerdo. “Creo que hay que ir a la mesa de dibujo y hacer una nueva propuesta con lo que he señalado”, planteó el gerente.
Con esa posición de replantearlo coincidieron los diputados Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Reformarlo para que sirva presentaría problemas de conexidad, Yo coincido en que hay que volver a la mesa de dibujo y replantearlo prácticamente desde cero”, expuso Feinzaig.
Hidalgo también señaló que el plan podría contener vicios de inconstitucionalidad al violentar la técnica de derogatoria de leyes actuales y que la liquidación del Banhvi debe seguir los procedimientos establecidos por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“Otro aspecto relevante tiene que ver con la autonomía administrativa y separación de funciones. No estamos de ninguna manera en contra buscar más eficiencia, adelgazar el Estado y buscar un mejor servicio para la población costarricense, pero pensamos que en temas de autonomía administrativa y separación de funciones hay que hacer un análisis con mayor profundidad para evitar concentración de roles y funciones”, indicó.
El gerente mencionó que el principio de reserva de ley no se cumpliría con la posibilidad de reglamentar aspectos que no están contenidos en el texto.
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