El Banco de Costa Rica (BCR) solicitó al Ministerio de Cultura y Juventud reconsiderar la decisión de no permitir la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, que se elevaría sobre inmuebles patrimonio del Estado.
El presidente del Congreso, Henry Mora, confirmó que el BCR presentó una carta la semana anterior y ahora esperan la respuesta de la ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca. Dicha entidad financiera administra un fideicomiso de $76 millones para construir la obra.
En febrero pasado, el entonces ministro, Manuel Obregón, confirmó el criterio del Centro de Conservación del Patrimonio, según el cual el proyecto pondría en riesgo edificios patrimoniales.
El BCR, por su parte, sustenta su petición en un informe del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), que avaló la construcción del nuevo parlamento.
“No tiene, desde el punto de vista técnico, condiciones que imposibiliten el desarrollo y la ejecución del mismo (sic)”, dice el documento, dado a conocer por las autoridades legislativas el 19 de junio.
A diferencia de la opinión del Centro de Patrimonio, el CFIA sentenció que el hecho de que se pretenda levantar la obra por encima de edificios antiguos, no puede descalificar de entrada el proyecto.
Seis días después de que se diera a conocer el informe, la directora de Patrimonio, Ileana Vives, dijo a La Nación que ese informe solo es “una opinión más”, sin efectos vinculantes para su entidad.
En trámite. La ministra Fonseca explicó ayer que recibieron la solicitud de reconsideración que presentó el BCR y que no es cosa fácil dar la respuesta que pide la entidad: “Sobre el edificio, no puedo hablar mucho porque, si no, me van a recusar. Lo que le puedo decir es que no es una decisión sencilla”.
Según Fonseca, ella debe tomarse su tiempo para responder a la petición del Banco. Indicó que, entre los informes y documentos que debe evaluar para una eventual reconsideración, se encuentra el informe del CFIA.
El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, tal como lo diseñó el arquitecto Javier Salinas, se haría en dos partes. La más cuestionada es la que se dedicaría a oficinas para los legisladores, con 25 metros de alto, 170 metros de largo y unos 15 metros de ancho. Esta se colocaría por encima del edificio principal que hoy acoge el plenario.
El segundo edificio, que se levantaría en un espacio anexo al antiguo Colegio Sion, es para otras oficinas legislativas y para el nuevo plenario, que sería subterráneo.
El presidente legislativo añadió que se reunió con la ministra de Cultura luego de conocerse el criterio del CFIA, para pedirle que estudie de nuevo el caso. Ahora espera una respuesta de Fonseca.
Según estudios de Salud y del propio Congreso, las actuales instalaciones no son adecuadas para el trabajo de los 57 diputados, sus 330 asesores y los más de mil funcionarios legislativos.
El concurso mediante el cual se eligió la propuesta de Salinas, está en estudio del Tribunal Contencioso-Administrativo, luego de que otro concursante que no alcanzó la calificación mínima, Rodrigo Carazo Ortiz, pidiera una medida cautelar provisionalísima.
De persistir la denegatoria, el BCR también considera acudir a la vía judicial.