La Junta Directiva del Banco Nacional (BN) pasó por alto la decisión de su gerente general, Juan Carlos Corrales, de reducir la pauta publicitaria en La Nación como castigo por publicar hechos cuestionables de la entidad, acto que la Sala IV terminó calificando como una forma perversa y antidemocrática de utilizar fondos públicos para dirigir la opinión pública.
Si bien este martes la Sala Constitucional catalogó la orden como una “censura indirecta” al periódico, hace tres meses, la cúpula del Nacional le bajó el tono al asunto y, más bien, le encomendó a Corrales investigar a sus subalternos, aunque él ya había reconocido que el recorte fue una decisión suya.
Al final, la Directiva le impuso al gerente general una sanción verbal, pero no por suprimir paulatinamente la pauta en La Nación , sino por haber solicitado una reunión con el presidente ejecutivo del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, en lugar del director, Armando González, quien dirige la línea editorial.
“(Que se) formule una llamada de atención verbal al gerente general, señor Juan Carlos Corrales Salas, por la falta de cuidado y prudencia descrita en el considerando iii) de esta resolución; es decir, por pretender resolver con el representante de los accionistas de un medio un diferendo editorial, lo que pudo haber afectado la imagen del Banco Nacional. Lo anterior, con el propósito de que, en lo sucesivo, el gerente general de esta institución se apegue a los protocolos propios del derecho y del respeto a la libertad de prensa”, señala la resolución del 18 de julio del 2016.
El acuerdo fue suscrito por los directores Ana Isabel Solano, Víctor Carranza y Jorge Méndez. Lo rechazaron Xinia Herrera y Víctor Ramírez, luego de que Corrales reconociera, en la misma sesión de Junta Directiva, que giró la orden en respuesta a publicaciones relacionadas con los estados financieros del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), del cual el Nacional es socio.
En criterio de él, los artículos ponían en riesgo información confidencial.
Incluso, el acuerdo se adoptó luego de que Juan Carlos Corrales aceptara renunciar a su derecho al debido proceso y se acogiera a la sanción verbal propuesta.
“Cometí un error, Por lo tanto, estoy de acuerdo. Las situaciones hay que reconocerlas y afrontarlas”, dijo ese día el gerente.
La amonestación fue promovida por el director Méndez, quien consideró que lo actuado por Corrales debe “colocarse dentro de un rango menor”.
“En mi criterio, puede haber incurrido en una falta de cuidado y prudencia en la ejecución de sus obligaciones como gerente general al haber contactado al representante de los accionistas y no a la parte editorial del medio de comunicación para manifestar sus preocupaciones de esta situación. Así está regulado en el artículo 71 del Código de Trabajo . En mi juicio, esto conllevaría una amonestación o llamada de atención verbal ”, dijo el también exdiputado de Liberación Nacional (PLN), en el acta 12.094.
La Nación envió este miércoles a la oficina de prensa del BN un correo solicitando, entre otras cosas, conocer las razones por las cuales se obvió investigar la decisión de Corrales. Sin embargo, solo se recibió la siguientes respuesta de la presidenta de la Directiva del Nacional, Ana Isabel Solano: “Al día de hoy la Junta Directiva no conoce el fallo completo; no obstante, respetaremos todos los alcances del mismo”.
En contra de un tercero. Los directores Xinia Herrera y Víctor Ramírez, quienes se opusieron a esa sanción, promovían llevar a Corrales a la Procuraduría de la Ética, para que determinara si cometió una falta al deber de probidad u otro principio contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
En criterio de ellos, era necesaria la participación de un órgano externo, no solo por independencia, sino también para garantizar el debido proceso.
“No se debería hacer una llamada de atención hasta que se tenga certeza de cuáles normas podría haber violado (…). Falta decidir si se infringió alguna norma, si existe alguna responsabilidad, pero no se puede derivar sin que alguien lo diga de manera explícita”, dijo Herrera.
La idea de llevar el caso a la Procuraduría de la Ética fue rechazada en tres oportunidades por la mayoría de los miembros de la Junta del BN.
La primera ocurrió ese 18 de julio y volvió a suceder en dos ocasiones más, en la sesión del 1.° de agosto, cuando se rechazó una moción de revisión y otra impulsada por los directores Víctor Ramírez y Jeannette Ruiz, quien ese día sí estuvo presente.
Consenso. Donde sí hubo consenso fue en otros dos puntos incluidos en la resolución: encargar a Corrales la realización de una investigación interna para determinar si funcionarios relacionados con el manejo de la publicidad “cometieron actos contrarios a las sanas prácticas en esta materia” y realizar un estudio para comprobar el impacto de los medios donde pauta en la actualidad el Nacional.
No obstante, Jeannette Ruiz, quien no estuvo en el momento en que se tomó el acuerdo, mostró sus objeciones a que se investigara a los subalternos, tomando en cuenta que Corrales ya había asumido su responsabilidad.
“No logro comprender esto, ya que el gerente asumió la responsabilidad de lo sucedido. Y no solo eso, se le sancionó por una falta diferente, entonces, ¿qué es lo que se va a investigar?”, cuestionó Ruiz, el 1°. de agosto.