El ahorro que el presidente Luis Guillermo Solís plantea hacer en las finanzas del Estado empieza con planes para poner límites en las pensiones.
Además del plan de ley para poner tope en los montos por jubilación del Poder Judicial, el Ejecutivo estudia reformas legales para gravar las pensiones de lujo y la forma de aplicar los techos que, por varias razones, no se han aplicado en gobiernos pasados.
Daniel Soley, viceministro de la Presidencia, explicó que el proyecto referido a las pensiones judiciales se acogió en el Ejecutivo luego de una visita de cortesía a los magistrados.
“Indistintamente del fondo del proyecto, se envió la iniciativa para que se discuta su viabilidad en todos los órganos legislativos en que corresponda”, dijo.
Soley añadió que ese no es el único ejercicio que hace Presidencia, pues se analiza la idea de establecer un impuesto solidario en las pensiones, “no solo las del Poder Judicial, sino todas las que sobrepasen el tope legal de los diez salarios base”.
Además, el Ministerio de Hacienda trabaja en los elementos para que se aplique ese techo de los diez salarios base y no encontrar sorpresas como las pensiones de ¢16 millones reportadas hace aproximadamente un mes.
Soley dijo entender que la iniciativa legal genere múltiples discrepancias pero resaltó que será la discusión legislativa la que permita revisar si es viable.
Edgar Robles, superintendente de Pensiones, expresó que ya conversaron con autoridades del Ejecutivo para, a través de un texto sustitutivo, cerrar “el montón de privilegios” que hoy ponen en peligro ese régimen de jubilación. El Fondo de Pensiones del Poder Judicial tiene en reserva ¢359.546 millones que Supén quiere pasar a los otros regímenes.