La fuerte pelea de activistas de derechos humanos contra la pena de muerte va calando poco a poco en el país que más aplica este castigo en el continente, pero no tanto en Florida, el estado que juzgó al tico Terence Valentine.
De las 98 ejecuciones del año 1998, la cifra cayó a 43 en el 2012, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
También se ha reducido la cantidad de sentencias de muerte emitidas por año, pues en el 2012 se registraron 78, muy por debajo de las 315 ocurridas en 1994.
En ese año fue cuando Terence Valentine escuchó lo que presentía: resultó culpable de asesinar a Ferdinand Porche y de secuestrar a su pareja Libia Romero, quien también es costarricense y había sido su mujer.
Lo sentenció a la pena capital el estado de Florida, como a otros 38 enjuiciados en ese mismo año. Fue el segundo estado en cantidad, solo superado por Texas. Los 15 estados sureños fueron, por mucho, los más proclives a esa condena en 1994, con 195.
Y lo siguen siendo, aunque con cifras menores. Parte de esa responsabilidad cae sobre Florida, que en el 2012 emitió 22 condenas a muerte: el 28% del total del país. Fue el estado de mayor número, incluso más que Texas.
Las estadísticas nacionales del Departamento de Justicia indican que a esta semana hay 3080 condenados a muerte, de los cuales el 13% está en Florida y son compañeros de Terence Valentine en la Union Correctional Institution, en el pueblo de Raiford, al norte del estado.
Los estudios avalados por el Centro de Información sobre Pena de Muerte indican que la pena capital es incluso más onerosa que la cadena perpetua.
El promedio de encarcelamiento de los reos en cadena perpetua es de 30 años y el costo del mantenimiento ronda los $750.000, pero la pena capital puede acabar costando $3 millones por cada uno, pues incluye el costo de un complejo proceso legal.
El apoyo popular con la pena capital ronda el 60%, pero una generación atrás era del 80%, según dijo The Economist en febrero.
El abogado John de León, experto en derechos civiles en Miami, dijo que llegará un momento en que la pena de muerte quede abolida, como ocurre con otros derechos que poco a poco van ganando terreno.