San José
El AyA duda de seguir permitiendo que uno de sus funcionarios se dedique a tiempo completo, pero con salario de la institución pública, a trabajar para el sindicato Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Tan es así que los directivos de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acordaron suspenderle dicha licencia sindical a Edwin Marín Bonilla, presidente de la seccional de la ANEP del AyA. Él debió regresar a sus funciones.
Le medida se prolongará hasta que la Procuraduría General de la República se pronuncie sobre la legalidad de pagarle el salario a un empleado que se ausenta de sus labores para dedicarse de lleno a un sindicato externo a la entidad.
La propia gerencia general del AyA le concedió ese permiso a Marín desde mediados del 2014, luego de que el entonces viceministro de Trabajo, Hárold Villegas, le pidiera considerar la posibilidad de concederle el beneficio.
Rodolfo Lizano, director jurídico de Acueductos, relató que la institución solicitó un criterio al Ministerio de Trabajo, pero la respuesta fue ambigua, lo que provocó que la junta directiva acudiera a la Procuraduría hace dos semanas.
Ya la Dirección Jurídica del AyA había emitido un criterio según el cual no es pertinente pagar el salario de ¢400.000 mensuales a un funcionario dedicado al 100% a labores gremiales, aunque no forme parte de los sindicatos cubiertos por la convención colectiva de la institución.
En el AyA, solo pueden acceder al beneficio el secretario y el subsecretario de la Asociación Sindical de Trabajadores del AyA (ASTRAA), pues ese es el único suscriptor del acuerdo laboral interno de Acueductos desde setiembre del 2010.
"Ante esta ambigüedad de criterios la Junta Directiva considera prudente, por un tema de seguridad jurídica, suspender las licencias que estaban otorgadas a algunos dirigentes sindicales a excepción de los que están amparados por la convención colectiva, que sí contempla esa posibilidad. De inmediato, se planteó una consulta a la Procuraduría para aclarar el tema. Se hace como una medida de carácter preventivo (...). Es una suspensión temporal de la licencia hasta tanto no tengamos un criterio de la Procuraduría", comentó el director jurídico del AyA.
Las conclusiones a las que llegue la Procuraduría sobre el tema serán de acatamiento obligatorio para la institución, según Lizano.
En el caso del representante de la ANEP, el permiso con goce de salario fue otorgado de manera discrecional por el gerente general del AyA, José Alberto Moya.
¿Legal? Cuando La Nación publicó el caso, en setiembre del año pasado, el gerente dijo que el AyA renovaba la licencia cada tres o seis meses a solicitud del sindicalista, Albino Vargas, secretario de la ANEP, quien firmaba las cartas dirigidas a su despacho, en las que pedía la extensión de la licencia.
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Aunque primero negó haber llamado por este caso, después el exviceministro Hárold Villegas defendió sus llamadas al AyA pidiendo la licencia para Marín, con el argumento de que el país ha firmado y ratificado convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que respaldan ese tipo de privilegios.
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Con posterioridad a que este diario diera a conocer la noticia, esta escaló hasta Casa Presidencial, donde el presidente, Luis Guillermo Solís, ordenó al Ministerio de Trabajo aclarar cuáles fueron los fundamentos para que AyA le diera a Marín la licencia con goce de salario.
" Creo que el Ministerio de Trabajo debe atenderlo (el caso) para aclarar en todos los extremos las condiciones en las que se dio ese permiso, si hay o no hay, como dice el viceministro, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que lo refrenden y que se aclare para que el público pueda saber qué es lo que ha pasado", estimó el gobernante.
Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Trabajo no ha informado sobre ningún avance o conclusión relacionado con este asunto.
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Este martes, Albino Vargas se limitó a decir que "el asunto está en sede constitucional. Es todo lo que declararemos como ANEP", como respuesta a un mensaje de texto que le envió La Nación. Después, el dirigente sindical amplió que el gremio que comanda llevó el asunto a la Sala Constitucional, al presentar un recurso de amparo en contra de la decisión de la Directiva del AyA.
En setiembre pasado, Vargas, igual que el exviceministro Villegas, afirmó que el Convenio 135 de la OIT ampara las licencias sindicales como la que goza Marín.
"No es ni inmoral ni antiético que los dirigentes sindicales estén a tiempo completo en sus respectivos sindicatos, porque somos parte de la democracia, que incluye a los sindicatos, y eso me llevaría a decir que podría ser inmoral, con ese criterio, con todo respeto, que la plata de los costarricenses financie a los partidos políticos en épocas de campaña electoral", manifestó.
En aquel momento agregó que hay otros presidentes de seccionales de ANEP trabajando a tiempo completo con el sindicato, pero pagados por el Estado, lo cual consideró dentro de lo legal.